Desapariciones forzadas en Ecuador: el Caso Malvinas, ¿la punta del iceberg?
El caso de los 4 de Las Malvinas destapó una práctica que organizaciones locales e internacionales denuncian como sistemática. En 2024 se registraron, al menos, 43 desapariciones forzadas.
Ronny Medina describe a su hijo Steven como un niño al que le gustaba las matemáticas y el fútbol. De hecho, entrenaba con más chicos del barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil.
El 8 de diciembre de 2024, día de su desaparición, como generalmente hacían, “terminaron de hacer deporte y se fueron a comprar pan. Allí llegaron unos militares y los interceptaron”, dice Medina. “No sé por qué los corretearon e hicieron tiros al aire. Los niños corrieron y bueno, al final agarraron a 4 de los 11 niños que estaban allí, uno de esos era Steven”.
Su hijo, de 11 años, fue el único niño desaparecido; los otros fueron los adolescentes Josué, Ismael y Nehemías. Videos del sistema de cámaras de vigilancia muestran a elementos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana embarcando a los cuatro jóvenes a una camioneta militar.
El 24 de ese mismo mes, la jueza Tanya Loor aceptó la acción constitucional de habeas corpus presentada por el Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos (CDH) y calificó la desaparición forzada de los 4 de las Malvinas en manos de agentes del Estado. Ese mismo día, la Policía localizó los cuerpos calcinados y mutilados en un manglar en Taura, a menos de una hora de distancia de Guayaquil, que fue el sector donde los abandonaron.
Una semana después, el Fiscal del caso confirmó que los cuerpos eran de los jóvenes desaparecidos. Así es como la Fiscalía General del Estado (FGE) dictó prisión preventiva a los 16 militares, acusados de desaparición forzada y violación de derechos humanos.
Casi un año después de encontrar sus cuerpos, un Tribunal de Garantías Penales condenó a 16 militares como autores de la desaparición forzada. De ellos, 11 elementos recibieron 34 años y 8 meses de cárcel; a los otros cinco, quienes fueron determinados como cooperadores eficaces, fueron sentenciados a 30 meses. El implicado restante, un teniente coronel acusado como cómplice, fue declarado inocente por falta de pruebas.
La sentencia final, pese a intentos de ocultar la verdad
En el juicio se presentaron 180 documentos y 26 pruebas, entre ellas el contenido de los celulares incautados a los uniformados en la base de Taura. Se reveló el chat ‘Asesoría Jurídica Militar’. En ese espacio, según la pericia, los procesados discutían sobre cómo organizar su defensa y la posibilidad de que el abogado contratado “los sacara a todos”.
Se reveló que los uniformados habían contactado a un abogado vía Zoom el 15 de diciembre, siete días después del suceso. El encuentro, destinado a unificar criterios, ocurrió mientras aún no se conocía el paradero de los menores. El tribunal escuchó testimonios que confirmaron heridas por proyectil en tres víctimas y grabaciones de soldados que advertían que todo se estaba “saliendo de control”.
En una de las audiencias, un uniformado pidió perdón a las familias “por ocultar información”. Su relato corroboró elementos del expediente como la detención ilegal, la participación del subteniente que ordenó avanzar hacia Taura porque “conocía una poza” y la violencia ejercida.
La sentencia también contempla que el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas emitan disculpas públicas a través de medios de comunicación. De igual manera, se contempla el pago de una multa de 800 salarios básicos unificados y el pago de USD 10.000 (por cada sentenciado) a los familiares de las víctimas.
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Billy Navarrete, presidente del CDH, explica que este mediático caso termina siendo la punta del iceberg que, “sin duda, es el que desnuda de cuerpo entero la política de seguridad del gobierno de Daniel Noboa, en sus dos momentos”. El informe ‘Son militares, yo los vi’, de Amnistía Internacional, contabilizan que hasta septiembre la Fiscalía recibió denuncias por la posible desaparición de 43 personas desde 2023.
El patrón detrás
El aumento de este delito, tipificado en el artículo 164 del COIP, empezaría el 9 de enero de 2024, con la declaración de conflicto armado interno, del decreto 111.
¿La manera para responder al desafío de seguridad pública? Dar libertad a las Fuerzas Armadas de intervenir y salir a las calles para controlar la violencia. Para Navarrete, la medida vigente desde hace más de año y medio es una confesión del Estado de sentirse “incapaz de controlar la violencia con mecanismos ordinarios”.
Naciones Unidas registró 22 acciones urgentes sobre Ecuador en casi todo el año; el Comité de Derechos Humanos acompaña judicialmente a los familiares de 33 desaparecidos. Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, habla de “un subregistro” de quienes no denuncian por temor y otros registrados “como desaparición involuntaria o secuestro”.
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Hay un patrón, dice Piquer: las víctimas son niños, adolescentes y jóvenes de barrios populares e históricamente marginalizados y racializados de la Costa. Agrega que todas las denuncias cumplen tres elementos constitutivos de la desaparición forzada bajo el derecho internacional: privación de la libertad, participación de agentes estatales y la negativa de autoridades a reconocer la detención o informar el paradero de las víctimas.
Javier Gutiérrez, director de Misión Alianza Noruega, analiza las condiciones sociales que rodean a los jóvenes costeños que crecen sin redes de apoyo ni acceso a educación, entre bandas, padres ausentes y barrios tomados por el crimen. Para él, esa combinación hace inevitable que sean víctimas del reclutamiento o desaparición y cuando el Estado responde a la violencia “sin preparación ni controles, cualquier joven con ciertas características físicas ya es sospechoso”.
Búsquedas en la Costa
Uno de los casos registrados es el de Dave Loor. Su tía, Diana Roca, explicó a Vistazo que ella asumió la vocería familiar, ya que la madre del joven está bajo el programa de víctimas y testigos protegidos.
El 26 de agosto de 2024, casi cuatro meses antes del caso Malvinas, Dave salió de casa a comprar empanadas junto a otro joven, también desaparecido. Ambos fueron interceptados por dos camionetas militares en Ventanas, provincia de Los Ríos. En los videos entregados a la Fiscalía se lo ve levantar las manos “porque siempre decía que el que nada debe, nada teme”, explica Roca.
Aunque el informe habló de “fines investigativos”; para ellos, hay inconsistencias. La versión oficial no explica por qué, según Diana, su hermana encontró a un joven desnudo que aseguró que a todos los habían violentado, hundido en zanjas de agua y que a Dave y a su acompañante “los treparon y se los llevaron”. Además, el día de la detención, varios militares allanaron la casa de la familia y se llevaron dinero, ropa y pertenencias, asegura.
“En la Fiscalía no nos querían ayudar, decían que era un muchacho que se había averiado”, recuerda Roca. Para poner la denuncia, un abogado activó un habeas corpus, tras el que se ordenó una búsqueda en morgues, hospitales y bases militares.
La familia emprendió el rastreo por su cuenta en distintas provincias, sin resultados. Para ella, la desaparición de Dave forma parte de algo mayor. “No es el único. Es sistemático. Ellos actúan bajo una orden”.
Gutiérrez (Misión Alianza Noruega) insiste con que Ecuador sigue un camino ya vivido en Colombia, México y El Salvador. “Cuando aparece una ebullición de violencia descontrolada, el Estado comete abusos”. La presión por mostrar resultados lleva a errores graves que “incrementan la violencia”.
La salida, sostiene, exige mirar a diez años al futuro, no al día siguiente. Habla de formación especializada para policías y militares, jueces preparados, inversión y una articulación real entre Estado, comunidad y cooperación internacional. “Si no tomamos correctivos ahora, nos vamos a topar con más desapariciones”, sentencia.
Otras desapariciones
Amnistía Internacional contabiliza 40 casos denunciados por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Ecuador, formado por familiares de desaparecidos en la Costa.
Vistazo solicitó al Ministerio de Defensa su versión sobre el caso de Las Malvinas, la desaparición de Dave Loor y el aumento de desapariciones forzadas. La institución confirmó la recepción de la solicitud, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
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