Un reciente informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) advierte que más de 300.000 personas han sido desplazadas internamente en Ecuador durante los últimos dos años, como consecuencia del aumento sostenido de la inseguridad y el crimen organizado.
Revise | Ecuador superó las 2.300 muertes violentas entre enero y marzo del 2025, un 65% más que en 2024
Nuestro Representante @FedericoAgusti, recuerda la urgencia de actuar frente al desplazamiento forzado. Su mensaje pone énfasis en que la solidaridad no puede esperar y que las respuestas deben construirse con hechos, no solo con palabras. #DíaMundialdelRefugiado pic.twitter.com/sGvF2eD2lm
— ACNUR Ecuador (@ACNUREcuador) June 21, 2025
Según explicó Federico Agusti, representante de ACNUR en Ecuador, la mayoría de los afectados son ciudadanos ecuatorianos que han tenido que abandonar sus hogares para protegerse de amenazas directas como extorsiones, asesinatos y enfrentamientos entre bandas criminales.
La cifra se deriva de un estudio nacional aplicado a 922 hogares, unas 3.000 personas, donde un 13 % declaró que al menos un integrante de su familia fue desplazado, siendo la violencia la principal causa en el 42 % de los casos.
A pesar de que en 2024 se registró una ligera disminución en homicidios, el primer semestre de 2025 volvió a marcar un repunte "con cifras muy, muy altas", según Agusti.
Esto ocurre en un contexto donde el gobierno de Daniel Noboa ha declarado desde inicios de 2024 un “conflicto armado interno”, con medidas como el estado de excepción y la designación de las bandas criminales como grupos terroristas.
Sin embargo, ACNUR señala que el desplazamiento interno no obedece únicamente a la violencia, sino también a factores estructurales como la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades laborales y educativas. Esta combinación actúa como un “detonante”, forzando a las personas a migrar dentro del país.
De acuerdo con el informe, las provincias más afectadas por la salida de población son:
Por otro lado, Manabí, Pichincha, Cotopaxi, Guayas y Azuay también figuran como provincias receptoras. Algunas, como Guayas y Azuay, cumplen ambos roles: expulsan y reciben población.
El 22 % de los desplazados se moviliza solo, mientras que la mayoría lo hace con su núcleo familiar. Esto requiere que el Estado implemente políticas públicas integrales para garantizar el acceso a educación, salud y protección de grupos vulnerables como mujeres embarazadas, adultos mayores y menores.
La situación se agrava debido a la reducción de financiamiento internacional, en especial por la suspensión temporal de fondos por parte de EE. UU. Esto ha obligado a ACNUR a cerrar oficinas en Ibarra, Cuenca y Huaquillas, fusionar una sede en Quito y recortar personal y convenios con organizaciones aliadas. Actualmente, su operación en Ecuador solo está financiada en un 17 %.
ACNUR insiste en la necesidad de coordinar con las autoridades nacionales y locales para diseñar respuestas efectivas y sostenibles al fenómeno del desplazamiento interno, que se ha convertido en una de las emergencias silenciosas más graves en el país.