IESS, sin plata y sin tiempo
Se acaba el tiempo. Se acaba la plata. Empieza la cuenta regresiva. El fondo de pensiones de la seguridad social se extinguirá en un par de años, si no se toman correctivos urgentes, según el informe preparado por expertos con el aval técnico del Banco Mundial, que aquí revelamos.
“Ecuador: Pensiones en Riesgo” es un diagnóstico, y al mismo tiempo, un llamado urgente para iniciar un diálogo nacional sobre el presente y futuro de las pensiones de jubilación, explica desde Washington el economista Augusto de la Torre, académico de la Universidad de Columbia y de la U. las Américas. Fue director del BM para América Latina. En el último tramo del mandato de Lenín Moreno, como asesor externo, recibió el encargo de preparar un insumo sobre seguridad social, que sirviera como punto de partida para el gobierno entrante. El resultado es un llamado de auxilio sobre la inminente insostenibilidad del modelo actual.
El estudio establece que para cubrir las pensiones jubilares de 2021, se requiere un total de 4.623 millones de dólares.
Los aportes de los afiliados activos alcanzarán 2.290 millones, menos que en 2020, a causa de los despidos durante la pandemia. Como el Estado tiene la obligación, prevista por Ley, de cubrir el 40 por ciento del total, este año debería destinar 2.333 millones de dólares para completar el déficit. A partir de 2021, y cada año en mayor medida, el hueco será más grande que todo lo que pagan los afiliados para cubrir las pensiones.
Augusto de la Torre lanza la voz de alerta en la entrevista con Vistazo. “Si el Gobierno Central no pudiese transferir al IESS más de 1.000 millones de dólares por año, en efectivo, las reservas líquidas del fondo se agotarían en menos de dos años. Si el sistema no se reforma, será muy difícil para el fondo honrar las prestaciones”.
La investigación se basó en cifras proporcionadas por el propio instituto de la seguridad, contrastadas por expertos y actuarios. Según De la Torre, “El primer hallazgo fue que el déficit de caja apareció en 2014”. En términos simples, a partir de ese año los aportes de los actuales afiliados fueron insuficientes para cubrir las pensiones de los jubilados. La diferencia entre recaudaciones y pagos entonces fue de 87 millones de dólares.
El sistema ecuatoriano es de reparto: los aportantes (cotizantes activos) contribuyen para el pago de los actuales jubilados. “En la actualidad se necesitarían ocho aportantes por cada pensionista; pero la relación es de cinco a uno; y en 2040 habrá tres activos por cada jubilado”.
En el año 2000 había 80 mil pensionistas. En 20 años se multiplicaron por seis, para llegar al medio millón actual: cada año los jubilados aumentan en 10 por ciento, a razón de 50 mil nuevos pensionistas por año, explica Gladys Palán, economista, actuaria e integrante de la mesa de estudios sobre seguridad social.
Por el contrario, los afiliados actuales son 2,8 millones, 300 mil menos que en 2019; la reducción se explica por los despidos durante la crisis sanitaria.
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Eso no es todo. En 1970, el promedio de hijos por cada mujer ecuatoriana era seis. Para 2020 bajó a la tercera parte. Menos contribuyentes a la vista.
En paralelo, la esperanza de vida aumentó significativamente. En 1991, era de 71 años para las mujeres y 67 para los hombres. Para 2020, la expectativa subió a 80 años para mujeres y 74 años y medio para los hombres, según el estudio del actuario y catedrático Rodrigo Ibarra, principal de la firma Actuaria Consultores.
Hace 20 años, los pensionistas vivían en promedio 12 años luego de la jubilación. Hoy, el tiempo promedio de sobrevivencia es 20 años. Como explica Gladys Palán, “La seguridad social debe tener recursos para sostener durante más tiempo a los pensionistas”.
EL FAMOSO 40 POR CIENTO
Carlos, de 30 años, aporta algo más del 10 por ciento de su sueldo mensual, de 400 dólares, para su pensión de jubilación. Su afiliación se descuenta de su salario. Luego de 30 años, con un interés anual del cuatro por ciento, habrá acumulado 26.220 dólares. Esto le permitirá recibir, durante 15 años, una pensión mensual de 180 dólares.
Percibirá 12 pensiones normales más dos adicionales, para un total de 14 cuotas al año. El Estado, teóricamente, debe cubrir el 40 por ciento del valor. Entonces, debe financiar 120 dólares mensuales para totalizar los 300 dólares, que representan el 75 por ciento de su sueldo mensual.
Con este ejemplo, un estudio de Actuaria Consultores explica las razones por las cuales es clave el aporte del Estado para fondear el 40 por ciento de las pensiones. Esa disposición rige desde 1942.
El informe “Pensiones en riesgo” prevé que ese peso fiscal se volverá insostenible, a medida que aumenten los pensionistas. “Mientras que el aporte fiscal equivalente al 40 por ciento de las pensiones crece en el tiempo y ya no alcance para cubrir el déficit básico del IVM, el Gobierno Central no tendrá capacidad fiscal para sostenerlo (...) el déficit de pensiones se llevaría una tajada creciente del ingreso tributario o reduciría drásticamente las asignaciones fiscales para otros gastos sociales prioritarios”.
Como porcentaje del PIB, la transferencia fiscal representa ahora el 2,5 por ciento. Para 2040, será el 3,5 por ciento. De la Torre lo plantea en estos términos: “Cubrir el déficit será tan oneroso que el Fisco ya no podrá enfrentarlo, el país discutirá si recorta presupuesto para salud o educación para cubrir la brecha en pensiones jubilares, con un agravante, la seguridad social beneficia solamente a un tercio de la fuerza laboral, pero en la práctica consume recursos generados por toda la sociedad, vía impuestos”.
A abril de 2020, el fondo de Invalidez,Vejez y Muerte llegaba a 7.200 millones de dólares. Más de la mitad de ese valor se concentra en préstamos hipotecarios. Son activos poco líquidos, advierte el informe.
“Estos datos deben iniciar un debate vigoroso y amplio, en el que participen los jóvenes que entran a la fuerza laboral, que van a abrazar este sistema; así como los no afiliados porque de alguna manera contribuyen con el 40 por ciento que paga el Fisco”, concluye De la Torre. Es, por tanto, un tema de preocupación nacional.
LAS DIEZ CLAVES HACIA LA REFORMA
1. A NADIE LE GUSTA hablar de la vejez, pero es una discusión ineludible a la luz del informe “Ecuador: Pensiones en riesgo”, advierte la economista y actuaria Gladys Palán.“El tema crucial es en qué hombros se distribuye el costo de la vejez”. Hasta ahora, el sistema de pensiones ecuatoriano se mantuvo con un esquema de solidaridad intergeneracional; el afiliado paga las pensiones del jubilado actual, esto es un modelo de reparto, con un beneficio definido. Cuando alguien se afilia, desde el principio conoce las reglas de juego: con 30 años de afiliación y 60 años de edad, puede jubilarse con el promedio de los cinco mejores años de ingresos, para recibir el 75 porciento de su sueldo, como pensión jubilar.
2. BRASIL, explica el académico Augusto de laTorre, mantuvo el sistema de reparto pero aplicó recientemente reformas paramétricas, que implican contribuciones más altas y beneficios más bajos. La discusión tomó ocho meses y fue materia de debate en el Congreso deese país. Ahora, los hombres pueden jubilarse a los 65 años de edad y las mujeres, con 62 años en Brasil. En ese esquema, el costo de las jubilaciones recae en los hombros de la nueva fuerza laboral.
3. UN ESTUDIO DE LA CONSULTORA privada Actuaria establece la “necesidad de modificar los requisitos de jubilación de manera progresiva” en Ecuador. Entre las opciones, plantea aumentar de 30 a 35 el requisito de años de afiliación; subir de 60 a 65 la edad mínima para el retiro. La Ley de seguridad social, vigente desde 2001, establece que periódicamentelos parámetros debían revisarse, pero la disposición no se cumplió.
4. AUGUSTO DE LA TORRE plantea que la discusión debe contemplar si se busca o no complementar el sistema pensional de reparto con un sistema de ahorro individual. Este último es un sistema voluntario de cuentas de ahorro de cada trabajador, similar al queen Estados Unidos se conoce como “401k”. Los ahorros acumulados voluntariamente a lo largo de la vida laboral reciben incentivos tributarios (no se pagan impuestos sobre ellos), y permiten que cada persona vigile cómo crece su inversión.
5. CHILE, EN 1981, SE FUE AL EXTREMO, explica el actuario y catedrático Rodrigo Ibarra. “Del sistema de reparto con capitalización colectiva se fue a un sistema de contribución definida, con cuentas de capitalización. Cada filiado empezó a aportar el 10 por ciento a su cuenta individual”. La pensión no dependía de factores demográficos, pero sí de los factores de riesgo de la inversión. Por eso, dos personas que se jubilaban en el mismo mes tenían dos pensiones distintas, dependiendo del rendimiento de las inversiones.
6. DURANTE EL GOBIERNO de Bachelet, según Ibarra, tuvo que reformarse el sistema chileno, para crear un mecanismo solidario, que sí es de reparto, para los trabajadores que no tenían continuidad en sus aportaciones.Uno de los problemas fue que no se revisó la tasa de contribución. El sistema chileno presentó fallas.
7. LA ACTUARIA y economista Gladys Palán, advierte que Chile es un caso de privatización total, desde la afiliación hasta la entrega de pensiones por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFPs. La Constitución ecuatoriana, por el contrario, establece claramente que la seguridad social debe ser garantizada por el Estado. La discusión actual no se orienta a “privatizar el sistema de pensiones, sino a redefinir la arquitectura del modelo, para que sea sostenible en el tiempo”.
8. IBARRA plantea que la solución para Ecuador “no es ni el sistema de reparto ni el sistema de ahorro (como el chileno), porque en ambos extremos hay inequidad. La solución es algo híbrido, que combine el sistema de reparto y la cuenta individual”. El experto sugiere restituir el fondo de reserva, equivalente al 8,33 por ciento. Por razones clientelares, el gobierno de Correa dispuso que ese valor fuera de libre disponibilidad para el afiliado. Mediante ley, el nuevo gobierno debe restituir ese valor: parte se destinaría al fondo de pensiones; el resto, a la cuenta individual del afiliado.
9. GLADYS PALÁN propone un sistema basado en varios pilares (por eso, lo llama “multipilares”). El primero es la pensió nuniversal, garantizada por el Estado. El segundo pilar se estructura con el ahorro del trabajador, en una cuenta con fines previsionales; no es dinero de libre disponibilidad. El tercer pilar es voluntario y depende de la situación laboral de cada afiliado. “En épocas en que puede tener mejores ingresos, tiene mayor capacidad de ahorro y puede fortalecer ese pilar”.
10. EL JURISTA, exdiputado y autor de varios libros sobre seguridad social, Marco Proaño Maya, defiende que las pensiones de jubilación no son una dádiva del Estado ni de la sociedad: son el reconocimiento a años de esfuerzo y aportes para beneficio del país. “Todos los jubilados tienen derecho a una vejez digna”. Proaño Maya presentó una acción de protección, ante la Corte Constitucional, para derogar una medida que reducía el monto de las pensiones jubilares, en virtud de una fórmula de cálculo. La Corte dio paso a ese recurso.
