La jueza de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia No. 1 ordenó este martes que el asambleísta Santiago Díaz Asque, acusado de presuntamente violar a una niña de doce años, sea encarcelado provisionalmente.
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En la audiencia de formulación de cargos contra el legislador del movimiento Revolución Ciudadana, quien se entregó a las autoridades este lunes, la magistrada también dispuso la prohibición de enajenar bienes y señaló que la instrucción fiscal durará 60 días.
Díaz fue expulsado el pasado 8 de enero de la bancada correísta después de que ese día se hiciera pública en redes sociales la denuncia en su contra. Horas después, la Fiscalía llevó a cabo una serie allanamientos conexos al caso en Quito, en los que fueron confiscados documentos y dispositivos electrónicos.
Cuando la investigación comenzó, Díaz abandonó su vivienda y se trasladó a un paradero desconocido. Durante aproximadamente dos semanas estuvo eludiendo su captura. Ante ello, el Gobierno llegó a ofrecer una recompensa de 100.000 dólares a quien proporcionara información veraz sobre su ubicación.
El padre de la niña que fue presuntamente violada por el asambleísta interpuso la denuncia. El hecho habría ocurrido durante una fiesta en la casa de Asque Díaz, a la que acudieron la madre y la tía de la pequeña, cuando los adultos presentes se encontraban ya bajo efectos del alcohol, de acuerdo al Ministerio Público.
El pasado 16 de julio, durante la sesión en la que CAL conoció la propuesta de Asque Díaz para reducir a 14 años la edad de consentimiento sexual, elevada antes del escándalo y firmada por diez asambleístas correístas, la legisladora oficialista Mishel Mancheno aseguró que esa modificación configuraba "un conflicto de intereses" y que restaba "legitimidad y ética a la iniciativa".
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"Calificar este proyecto sería equivalente a otorgar un espacio legislativo a una persona investigada por un delito grave, que pretende usar a la Asamblea Nacional para evadir sus responsabilidades", afirmó Mancheno.
La propuesta fue rechazada con base en un informe técnico jurídico no vinculante que emitió la Unidad de Técnica Legislativa del Parlamento, que consideró que en el proyecto había posibles vicios de inconstitucionalidad, "al generar un retroceso en los derechos humanos y la protección integral de niños, niñas y adolescentes", según señaló la Asamblea en un comunicado.