Palacios argumentó, en vano, que su intervención se enmarcó dentro de sus atribuciones de fiscalización y que no recurrió a expresiones ofensivas ni actos de violencia.
El legislador, denunciado por presunta violación, evadió la justicia ecuatoriana durante cerca de tres semanas. Finalmente se entregó a las autoridades en Quito, el pasado 21 de julio.
