El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, declaró que el Legislativo respaldará la propuesta del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que busca imponer la castración química como castigo para quienes sean hallados culpables del delito de violación.
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“Pensaron que el poder los iba a proteger. Como antes, como siempre. Esta vez no: los violadores merecen la castración química y pagar con la cárcel, y eso es lo que plantea la reforma constitucional que acaba de ser enviada”, anunció el mandatario este viernes.
Noboa agregó que el país conocerá “quiénes están verdaderamente con las víctimas y quiénes dispuestos a proteger abusadores” cuando la propuesta sea tratada por el Legislativo.
Horas después, el titular del hemiciclo ecuatoriano, quien forma parte del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), se pronunció a favor de la reforma constitucional.
“Desde la Asamblea Nacional respaldaremos toda acción que ponga fin a la impunidad. Estamos del lado correcto: el del país que ya no tolera lo intolerable. Unidad y firmeza, presidente Daniel Noboa”, declaró Olsen, a través de la red social X.
Actualmente, el delito de violación en Ecuador, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), se sanciona con pena privativa de libertad de 19 a 22 años, aunque existen circunstancias agravantes que pueden derivar en condenas mayores.
El Ejecutivo aún no ha precisado si la castración química se aplicaría de forma general, sin distinción en lo que respecta a las circunstancias bajo las que ocurrió la violación, o si este castigo solo se implementará cuando existan agravantes específicos.
La propuesta por parte de Noboa fue anunciada tres días después de que se viralizó en redes sociales una denuncia contra el asambleísta Santiago Díaz Asque, quien es señalado por presuntamente violar a una niña de doce años durante una fiesta en una vivienda de Quito.
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Ante la acusación, el legislador emitió un comunicado asegurando ser inocente e incapaz de "producir sobre un ser humano el daño" del que se le acusa. No obstante, el movimiento correísta Revolución Ciudadana, del que formaba parte, lo expulsó de sus filas.
Tres allanamientos en inmuebles de la ciudad capitalina por el caso, investigado por la Fiscalía General del Estado, coincidieron la difusión de una proyecto de reforma propuesto por Díaz Asque en el Legislativo con el que buscaba modificar el código penal para que la edad de consentimiento bajara de 18 a 14 años.