Ecuador retrocede en materia de crédito con las nuevas reformas al buró, advierte especialista
La incorporación de nuevas obligaciones al historial crediticio genera cuestionamientos sobre sus posibles efectos en personas con dificultades financieras y sobre el rumbo que Ecuador está tomando frente al sobreendeudamiento.
La información que se utiliza para construir el perfil crediticio de los ecuatorianos atraviesa una serie de cambios. En agosto de 2026, la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria modificó las reglas relacionadas con el Registro de Datos Crediticios y las fuentes que pueden aportar información para evaluar el comportamiento financiero de una persona.
Entre los cambios se contempla la posibilidad de incorporar información complementaria proveniente de pagos de servicios básicos y tributos. De esta manera, los datos asociados al pago de servicios como agua, electricidad y telefonía podrían convertirse en información complementaria para el análisis del comportamiento financiero de una persona, de acuerdo con las condiciones previstas en la normativa.
LEA TAMBIÉN: Estas son las cooperativas que entraron en liquidación forzosa en Ecuador
Según la Resolución JPRFM-2026-033-F, expedida por la Junta de Política y Regulación Financiera, al ser datos complementarios, los registros sobre el cumplimiento de determinadas obligaciones podrían aportar una referencia adicional para evaluar su capacidad de pago, sin que esto signifique que un retraso en una planilla vaya a determinar por sí solo su historial o calificación crediticia.
Sin embargo, Ricardo Ibáñez, CEO de Defensa Deudores señaló que la legislación chilena ha avanzado en sentido contrario y que actualmente determinadas deudas asociadas a servicios básicos, salud y educación no generan un antecedente negativo en el historial crediticio.
El argumento del especialista parte de una diferencia entre una deuda financiera y una obligación que puede surgir de una necesidad básica. A su juicio, una persona que tiene una deuda por enfermedad o por educación no debería quedar excluida del sistema financiero formal por esa circunstancia, debido a que esa restricción puede dificultar su recuperación económica posterior.
LEA TAMBIÉN: El fenómeno de El Niño enciende las alertas en el agro ecuatoriano
Por eso, considera que Ecuador debería observar la experiencia de otros países antes de ampliar las fuentes utilizadas para evaluar el comportamiento financiero de los ciudadanos, ya que el reto consiste en determinar qué información resulta realmente pertinente para medir su capacidad de pago.
Efecto bola de nieve
El sobreendeudamiento dejó de ser un problema exclusivamente asociado a la falta de pago de un crédito. Para Ibañez, se trata de una situación que atraviesa a distintos países de la región y que puede terminar afectando no solo las finanzas de los hogares, sino también su acceso al sistema financiero formal.
Para Ibáñez, uno de los principales indicadores de alerta es la acumulación de obligaciones con distintos acreedores. Según información de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD), una persona en Ecuador puede llegar a tener entre 13 y 19 acreedores.
LEA TAMBIÉN: Estas son las 10 marcas de motos más vendidas en Ecuador en el 2026
La multiplicidad de acreedores no necesariamente aparece de un momento a otro. El ejecutivo describe un proceso similar a una “bola de nieve”, en el que una persona adquiere una nueva obligación para cubrir una anterior y termina aumentando progresivamente su carga financiera. A esto se suma el uso prolongado del pago mínimo de las tarjetas de crédito, mecanismo que, según Ibáñez, puede generar la sensación de que la deuda está siendo atendida cuando en realidad se mantiene durante más tiempo.
Una segunda oportunidad como siguiente discusión
Ibáñez considera que Ecuador ha dado un paso importante al incorporar la educación financiera como parte de la formación de los ciudadanos, pero sostiene que todavía existe un segundo desafío: establecer mecanismos de segunda oportunidad para quienes ya se encuentran sobreendeudados.
En Chile, explica, la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento permite acceder a procesos de renegociación y liquidación bajo determinadas condiciones. Desde su perspectiva, una herramienta de este tipo podría ser analizada en Ecuador, aunque tendría que adaptarse a las características jurídicas y económicas del país.
LEA TAMBIÉN: Grupo ALESSA apuesta por un plan de expansión en Ecuador con una inversión de USD 4 millones
Para Ibáñez, se debe fortalecer los mecanismos de prevención, renegociación y educación financiera antes de que el sobreendeudamiento llegue a un punto en el que las opciones de salida sean cada vez más limitadas.