El problema de los pueblos aislados tiene una dimensión binacional
A pesar de ser un problema común para ambos Estados, la mirada es distinta. Ecuador fue acusado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bajo cargos de no haber protegido eficazmente a los pueblos Tagaeri y Taromenane, según el texto de la demanda. Este Estado se ha defendido, aunque aceptó responsabilidad parcial en evitar las masacres desatadas a partir de 2003, a pesar de que en 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares.
La sentencia del alto tribunal internacional está pendiente, pero sentará precedente. Todavía debe cumplirse el ofrecimiento de la Corte Interamericana, de enviar una delegación para visitar a una de las partes peticionarias. Se trata de una joven indígena en aislamiento que sobrevivió a una matanza con armas de fuego en 2013 con su hermana menor. Ambas fueron separadas y forzadas al contacto con el mundo exterior. Hoy, tiene el estatus de protección bajo el programa de la Fiscalía, pero reclama el derecho a decidir sobre su vida y su futuro. Además, pide que se otorguen derechos colectivos y territoriales al pueblo waorani que la acogió, ubicado en la Zona Intangible Tagaeri Taromenane, ZITT.
En el extremo noreste de esta zona intangible se encuentra el bloque petrolero 43, también conocido como Ishpingo, Tambococha, Tiputini, operado por la petrolera estatal ecuatoriana, que contrató a empresas de capital chino para la perforación, y que defiende la limpieza de la actividad extractiva. Éste es un rincón de la Amazonía que prácticamente colinda con la frontera peruana. El domingo 20 de agosto, los ecuatorianos deberán pronunciarse en las urnas sobre la posibilidad de dejar bajo el subsuelo selvático el petróleo que se viene extrayendo de esta zona de altísima biodiversidad, desde 2016. Es la primera vez que los ciudadanos ecuatorianos son consultados sobre una política nacional de esta dimensión.
Los defensores de los pueblos en aislamiento advierten que la protección del bloque 43 es apenas un primer paso para preservar el Yasuní. Éste es el vasto territorio amazónico de dos millones de hectáreas que habría sido un refugio del Pleistoceno, según un documento oficial del Ministerio de Ambiente del Ecuador. En otras palabras, las especies se habrían conservado en este espacio desde hace más de 12 mil años y eso explica su megadiversidad.
Perú, por su parte, lleva años en el proyecto de la creación de la reserva Napo Tigre, para proteger el territorio ancestral de estos grupos aislados. En septiembre pasado, un avance fundamental fue la decisión gubernamental de proteger los derechos de los pueblos “que viven o transitan entre las cuencas de los ríos Napo y sus afluentes, Arabela y Curaray”. El paso se dio luego de la aprobación del Estudio Previo de Reconocimiento (EPR), el cual recogió las evidencias de la presencia de los pueblos no contactados, a los cuales en Perú se los conoce como PIA. El trámite formal se basa en lo establecido por la Ley 28736, “Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Aislamiento y en contacto Inicial y su Reglamento”. Esta normativa genera el marco para el reconocimiento de los pueblos y la categorización de las reservas.
El paso es previo a la realización de un estudio para la delimitación territorial de la reserva Napo Tigre.
LAS VOCES
“Los pueblos indígenas no tenemos fronteras, lo que nos separan son las políticas; los que mantenemos esas regiones somos los pueblos indígenas, sin presencia del Estado”, explicaba en entrevista el líder peruano Jamner Manihuari, vicecoordinador general de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA. Manihuari es dirigente (Apu) del pueblo Kukama Kukamiria. Fue entrevistado antes de viajar a la Cumbre Amazónica de Brasil.
Manihuari expresaba sus dudas y preocupaciones sobre las distintas categorizaciones que ha hecho el Estado peruano, sin consulta a los pueblos ancestrales. Desde su perspectiva, el tema fundamental pasa por una consulta a nivel de nacionalidades, tanto para la constitución, como para la forma de administración de la reserva, anunciada por las autoridades.
Sin embargo, la creación de la reserva es vista como una oportunidad, si cumple condiciones claras. “La reserva Napo Tigre es un gran avance para la población aislada. La creación de esta reserva puede devenir en un corredor de vida para los aislados a nivel binacional, pero esto depende de que existan políticas claras de integración”, advierte el antropólogo José Proaño, director para Latinoamérica de la organización Land is Life. Esta entidad actúa como Secretaría del Grupo de Trabajo Internacional para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial.
La reserva Napo Tigre genera curiosidad en organizaciones indígenas del lado ecuatoriano. Proaño explica que a inicios de año participó en un encuentro que reunía grupos de ambas naciones. Este fue uno de los temas de conversación, pero también “Compartieron preocupaciones comunes, entre ellas, la ausencia de autoridades en las dos fronteras”.
Pero hay una inquietud mayor, que señala este experto. La amenaza creciente de actividades ilegales: narcotráfico, extracción de madera, minería ilegal. “A las comunidades sobre el río Curaray, kichwa y waorani, en lado ecuatoriano, en el límite sur del Parque Yasuní, han llegado dragas artesanales desde el Brasil. Se puso la denuncia ante el Ministerio, no hay autoridad judicial con capacidad para ir a constatar”. Los grupos, señala, están imbricados. “Se lava a través del oro, el capital narco que compra las excavadoras, así se legaliza”.
Las economías ilegales como amenaza multicausal, que afectan a reservas en Perú, también inquietan al dirigente de Coica, quien afirma, tajante: “El narcotráfico a veces está enquistado con las empresas madereras, el Estado tiene la fuerza y tiene suficientes herramientas para mitigar el daño social, pero no lo hace, quienes entran por la fuerza son narcoterroristas”.
LOS MISMOS PUEBLOS
Quienes transitan por ambos lados de la frontera amazónica, son los mismos pueblos (Tagaeri – Taromenane). Es más, hay indicios de la existencia de otros pueblos aún por comprobar, al sur del río Curaray, como hubo indicios de grupos en la zona del ITT (bloque 43, que será motivo de la consulta popular del 20 de agosto), apunta de su lado el experto Eduardo Pichilingue. Actualmente coordina desde Perú la iniciativa Cuencas Sagradas, de carácter binacional. En su perspectiva, los aislados Zaparo de Perú podrían estar emparentados con el pueblo de similar nombre que, en Ecuador, se desplazó hacia el sur, luego de librar guerras territoriales con los waoranis, en el contexto del boom cauchero.
Pichilingue cree que el manejo integrado de la cuenca sagrada, un territorio de 35 millones de hectáreas que incluye la región amazónica ecuatoriana y la Amazonía norte del Perú, o una parte de todo este territorio, podría convocar al apoyo internacional, por tratarse de una zona de alta biodiversidad. Esto sería una alternativa frente al cambio climático.
En este sentido, la consulta popular para dejar de explotar el crudo bajo el bloque 43, es solo un primer paso, coinciden los entrevistados.
“Ecuador dio finalmente un primer paso al decir cómo cambiamos, cómo dejamos atrás el modelo nefasto que privilegió el saqueo y la extracción. El avance enorme es la participación de los ciudadanos en la consulta, pero hay que tomar en cuenta que si pierde la tesis de dejar el crudo bajo el subsuelo del bloque 43, esto no puede afectar los derechos de los pueblos aislados, porque esos derechos no son sujetos a consulta”, remarca José Proaño.
PERÚ, ENTRE LA INVISIBILIDAD Y LA CRIMINALIZACIÓN
En Perú, históricamente, las organizaciones indígenas se abanderaron de la defensa de los pueblos aislados. Perú es, después de Brasil, el país amazónico con mayor número de pueblos no contactados y en situación de contacto inicial, explica el antropólogo de origen español, Daniel Rodríguez, quien ha trabajado durante 20 años en la región Madre de Dios, en la cual habría entre 750 y mil indígenas en aislamiento, según cifras oficiales. Él pone en duda estos datos. La explicación: el caso de los Mascho Piros, que se hizo público a partir de 2011 cuando aparecieron en zonas de playa en el río, en el parque nacional Manú. “Ese pueblo estaría en tres regiones de Perú. Si no se identifican casas comunales, si no se identifica qué pasa bajo la cubierta del bosque, si se triangula el grupo del alto Madre de Dios con lo que pasa en otras zonas alejadas del parque nacional, si no hay una articulación para monitorear en Brasil, no se puede saber si es el mismo grupo, o si son varios”.
Con su experiencia en el tema, Rodríguez explica que este pueblo apareció en medio de dos áreas protegidas. “Cuando el pueblo sale, hay que entender qué está pasando. Ha habido interacciones con gente local, intercambio de fruta”. Desde esta perspectiva, si este pueblo entiende que está saliendo al contacto para recolectar alimentos, ya hay un cambio en su estilo de vida, están saliendo por recolección”.
Al experto le preocupan las vulnerabilidades de los pueblos en aislamiento, empezando por las sanitarias. “No está escrito en ningún lado cómo proteger a los pueblos en aislamiento”. Debería prevalecer el principio de no contacto, sin embargo, hay matices. “Aplican una serie de presiones que hacen que su posición sea mas difícil de defender, son pueblos que habitan en zonas de gran interés económico por los recursos, y eso puede llevar a la criminalización de dirigentes indígenas”.
Cita con preocupación el caso de Julio Cusuriche, quien como dirigente de la Federación Nativa Madre de Dios (Fenamad), fue procesado por denunciar que una zona de explotación maderera estaba ubicada en territorios donde transitan indígenas en aislamiento. “Hay violencia hacia los defensores”.
Esta alianza entrevistó al líder Julio Cusuriche. “Mi vida está en peligro”, reveló en entrevista. Cusuriche, quien fue presidente de Fenamad y de AIDESEP. Explicó que la organización indígena está a cargo de la protección de zonas donde habitan pueblos en aislamiento. El esquema funciona a través de un sistema de control y vigilancia, con cuatro puestos de monitoreo y once agentes de protección que son indígenas. El mecanismo busca evitar el ingreso de madereros, misioneros y cualquier persona extraña a las zonas habitadas por pobladores indígenas no contactados. Hace un año, exactamente, en agosto, un trabajador maderero falleció tras un encuentro con aislados y su cuerpo fue encontrado días después, en un río. El cuerpo presentaba señales de haber recibido flechazos. Desafortunadamente, no es el único incidente en que el encuentro entre aislados y extraños termina en muertes violentas.
-Siga leyendo la investigación binacional hecha junto a Ojo Público:
Zona Intangible y Yasuní: Territorio de los pueblos no contactados
Las amenazas sobre los pueblos aislados de la Amazonía
Aislados o acorralados: Los Tagaeri-Taromenane 20 años después de la matanza
Contacto forzado: sobreviviente de la masacre de indígenas aislados alza su voz desde la selva
