Matanzas y sicariatos: el 2022 se convirtió en el año más violento para Ecuador
Parecía que ya no podía ser peor, pero en el último año se duplicaron las muertes violentas, pasando de 1.640 en 2021 a más de 3.600 hasta octubre de 2022. Las masacres carcelarias continuaron y el otrora Ecuador, isla de paz, parece estar lejos de regresar a la calma.
Uno de los hechos más execrables de este año fue el asesinato del fiscal Édgar Escobar Zambrano, en el parque La Merced, exteriores de la Fiscalía del Guayas, en septiembre pasado. El mensaje no podía ser más claro: el crimen organizado puede atentar contra la vida de un servidor judicial frente a la institución estatal que investiga el crimen.
Los sicarios fueron detenidos: un adolescente de 16 años, que disparó contra el fiscal y, otro de 19 años, que manejaba la moto. El hecho generó conmoción, pero ya no era sorpresa.
Cuatro meses antes, la fiscal Luz Marina Delgado y un abogado fueron acribillados en Manta. En agosto, también al estilo sicariato, asesinaron al juez Nelson Yánez, en Sucumbíos, fuera de su domicilio.
En 2022, las páginas y pantallas de los medios de comunicación se llenaron con noticias de sicariatos de personas con trayectoria pública, como el de Lorenzo Martínez, primo de Frickson Erazo, exfutbolista y candidato a la Alcaldía de Esmeraldas. O el del periodista Gerardo Delgado, quien era candidato a concejal por la Revolución Ciudadana, en Montecristi.
En diciembre asesinaron a la modelo e influencer “Dulce Narcisa”, en la vía Perimetral.
Las cifras de la violencia no dejan lugar a dudas: en 2020, se contabilizaron 1.372 muertes violentas; en 2021 fueron 1.640; y hasta octubre de 2022 eran 3.580, lo que quiere decir que quizá el año cierre bordeando los 4.000 mil asesinatos.
Pero uno de los crímenes que más describe la situación de violencia fue la muerte del director de la Cárcel de El Inca, en Quito, Santiago Loza Moscoso. Llevaba apenas tres semanas en el cargo.
Moscoso fue posesionado días después de una masacre que dejó cinco muertos en ese reclusorio, y reemplazaba a Carlos Jaramillo, el anterior director que enfrenta cargos tras ser descubierto ingresando artículos prohibidos al centro penitenciario.
Como director, Loza Moscoso tuvo que enfrentar una segunda masacre en la cárcel de El Inca, el 18 de noviembre, tras lo cual ordenó el traslado de uno de los cabecillas de una banda a la cárcel La Roca, en Guayaquil. El 1 de diciembre fue interceptado y asesinado por sicarios, en Quito. Algunos cabecillas ya han sido llevados a La Roca, pero eso no ha detenido la guerra.
Las matanzas carcelarias empezaron el 23 de febrero durante el Gobierno de Lenín Moreno, cuando en tres centros pentenciarios (Guayaquil, Cuenca y Latacunga) murieron 89 presos.
Hasta noviembre de 2022 fueron 11 incidentes de este tipo que ya dejan más de 450 asesinados, muchos de los cuerpos fueron desmembrados y carbonizados. Este fue el caso del narcotraficante Leandro Norero, alias “El Patrón”, quien habría mantenido incluso vínculos con políticos. Fue asesinado en octubre, luego de que supuestamente lideraba un proceso de pacificación de las bandas, lo cual habría incomodado a algunos.
CÁRCELES: CENTRO DE OPERACIONES
Ya en 2021, informes policiales revelaron que los sicariatos se ordenaban desde las cárceles, y se triangulaban con varios intermediarios para no dejar rastro de los autores materiales.
Muchos de los sicarios detenidos son menores de edad, quienes por ley no pueden ser procesados por estos crímenes con las mismas penas que un adulto. Asimismo, los líderes de las bandas encontraron un lugar seguro al interior de reclusorios y desde allí ordenan los envíos de droga.
El Servicio de Atención Integral (SNAI) perdió el control hace mucho, sobre todo, cuando ante la sobrepoblación y hacinamiento carcelario, decidió clasificar los pabellones por bandas criminales, en lugar de dividirlos por tipos de delitos y peligrosidad. Eso hace que cada persona que ingresa por cualquier delito sea presa de las bandas que lo capturan para hacerlo uno de los suyos o lo extorsionan. Incluso jueces han denunciado que los jóvenes a quienes han sentenciado piden ser recluidos en determinada cárcel porque ahí domina la banda a la que pertenecen, pues en otra serían asesinados.
En 2020, el hacinamiento llegó a su pico con más de 40 mil presos, mientras la capacidad era para apenas 28 mil. Ahora hay 33 mil presos. A finales de noviembre, el presidente Guillermo Lasso anunció que el SNAI ya cuenta con un sistema de monitoreo con inteligencia artificial y reconocimiento facial en las 36 cárceles del país. ¿Será que esta vez el Estado logra recuperar el control de las cárceles?
