ADN pone en marcha fiscalización al concurso del CPCCS para elegir al Fiscal General del Estado
La propuesta fue impulsada por el legislador Jorge Chamba, integrante de ADN, y fue aprobada con el respaldo de seis votos provenientes del bloque de Gobierno.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) adoptó este martes medidas para asegurar la continuidad del concurso público que definirá al próximo Fiscal General del Estado, tras registrarse cambios en la integración de la Comisión Ciudadana de Selección encargada del proceso.
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La institución informó que fue notificada por la Asamblea Nacional sobre la desvinculación de Daniel Caicedo de los Ríos, quien se desempeñaba como comisionado principal y delegado de la Función Legislativa. De manera paralela, el CPCCS recibió la renuncia de María Belén Toca Mena, comisionada principal y representante de la Función Ejecutiva ante la Comisión.
Frente a este escenario, y con el objetivo de evitar retrasos o afectaciones al desarrollo del concurso, el Pleno del CPCCS dispuso la principalización de los suplentes Silvana Mariuxi Ramírez Verdesoto y David Eduardo Flores Brandt.
Entretanto, en la Asamblea Nacional, la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, conformada en su mayoría por legisladores de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional, resolvió poner en marcha un proceso de fiscalización al concurso de selección y designación.
La propuesta fue impulsada por el legislador Jorge Chamba, integrante de ADN, y fue aprobada con el respaldo de seis votos provenientes del bloque de Gobierno. En contraste, tres asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC) y un representante del Partido Social Cristiano (PSC) optaron por no pronunciarse y se abstuvieron.
Cruces entre Diana Jácome y Blasco Luna
La sesión, presidida por la asambleísta oficialista Diana Jácome, quien no expuso los motivos de la fiscalización, estuvo marcada por discusiones que partieron de señalamientos del legislador correísta Blasco Luna, quien dijo que el proceso de fiscalización debía únicamente ser considerado tras una denuncia ciudadana, una petición elevada desde el hemiciclo o por disposición del Consejo de Administración Legislativa (CAL).
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Jácome dijo que el proceso aprobado era legítimo con base al artículo 74 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la cual dicta que "le corresponde la fiscalización y control político a las y los asambleístas, a las comisiones especializadas y al Pleno de la Asamblea Nacional, de acuerdo a las disposiciones de la Constitución de la República, esta Ley y los reglamentos internos correspondientes".
Además, arrementió contra la Luna durante la reunión de la mesa legislativa:
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