Entre los implicados figuran exvocales del CPCCS, Andrés Arauz y una consejera en funciones. La Fiscalía sostiene que buscaban “controlar instituciones del Estado”.
Villacís explicó que la pugna de poderes “trasciende lo personal y deja una reflexión necesaria sobre el valor de la seguridad jurídica y el respeto que merecen las decisiones adoptadas dentro del Estado de Derecho”.
El proyecto de enmienda constitucional tiene como objetivo transferir la competencia de designación de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional.
