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Alexandra Villacís niega impedimentos legales tras ser apartada de la Judicatura

Alexandra Villacís, vocal suplente del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, reaccionó en redes sociales tras conocerse este lunes su separación del organismo, decisión que —según explicó— se habría sustentado en un supuesto impedimento por una presunta deuda tributaria que, afirma, no existe.

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La funcionaria, que se enteró de la disposición a través de artículos de prensa, aseguró que se encuentra al día en todas sus obligaciones fiscales y calificó lo ocurrido como una "inconsistencia administrativa" que debe ser aclarada.

En su pronunciamiento público, Villacís señaló que fue notificada la tarde de ese día sobre la licencia solicitada por Godoy —actualmente sometido a un juicio político por presuntas injerencias en la justicia— y explicó que, como parte del trámite para asumir de manera temporal el cargo, el área de Talento Humano procedió a revisar el cumplimiento de los requisitos legales.

En ese proceso, el sistema del Ministerio del Trabajo habría reflejado un impedimento vinculado a una supuesta deuda con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

No obstante, la vocal suplente indicó que, tras realizar una verificación directa ante el SRI, se confirmó de manera expresa que no registra obligaciones pendientes.

Villacís respaldó su versión compartiendo un certificado de cumplimiento tributario, emitido el mismo 9 de febrero, y reiterando que no mantiene deudas en firme, que ha cumplido con sus deberes fiscales conforme a la normativa vigente.

La vocal también cuestionó la forma en que se manejó su eventual subrogación. Aseguró que no fue informada ni requerida previamente para presentar descargos y que tuvo conocimiento de una convocatoria pública del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para tratar oficios relacionados con su separación a través de los medios de comunicación.

Villacís toma acción

Frente a esta situación, la vocal suplente señaló que actuó de inmediato y presentó la solicitud correspondiente ante el Ministerio del Trabajo para que se corrija el registro administrativo, conforme a la información oficial emitida por el SRI.

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Además, reiteró que no existe un impedimento legal que la inhabilite para ejercer funciones y advirtió que cualquier actuación institucional debe respetar el debido proceso, la seguridad jurídica y la transparencia.

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