CAL rechaza nuevamente pedido de juicio político contra cinco vocales del CPCCS
La bancada opositora Revolución Ciudadana (RC) adelantó que se encuentra elaborando un tercer expediente para insistir en la interpelación.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL), integrado mayoritariamente por asambleístas de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), resolvió acoger un informe no vinculante que advertía inconsistencias en las firmas de respaldo presentadas para iniciar un proceso de juicio político contra cinco vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
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Con esta decisión, el organismo parlamentario archivó este viernes la segunda solicitud impulsada por el correísmo, presentada por el asambleísta Fernando Molina, del movimiento Revolución Ciudadana (RC), que buscaba activar el proceso contra Andrés Fantoni, Johanna Verdezoto, Jazmín Enríquez, David Rosero y Piedad Cuarán.
Al precisar lo resuelto en el análisis al documento, el CAL indicó que la solicitud no estuvo suscrita de la manera correcta por el proponente. Además, quince firmas de las rúbricas fueron calificadas como inválidas, lo que derivó en que la petición fuera dada de baja.
Los cinco consejeros fueron acusados de omisión en el marco del proceso de designación de los vocales del Consejo de la Judicatura, procedimiento en el que resultó electo el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, quien enfrentará un juicio político debido a presuntamente interferir en sentencias para favorecer a personas implicadas en casos vinculados al crimen organizado.
Según los señalamientos, las actuaciones de los vocales habrían transgredido principios constitucionales fundamentales, así como los de legalidad, probidad, mérito, transparencia y seguridad jurídica.
Respuesta del correísmo
Luego de que se archivara la segunda solicitud de juicio político contra cinco de los siete vocales del CPCCS, la bancada Revolución Ciudadana adelantó que se encuentra elaborando un tercer expediente con el objetivo de insistir en la interpelación.
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Molina calificó la decisión del CAL como una “mamarrachada” e indefendible. A su criterio, los cinco señalados habrían actuado bajo un supuesto blindaje político de ADN.
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