El legislador Andrés Castillo, del movimiento ADN, propuso que los menores de edad que cometan delitos graves sean juzgados bajo las mismas condiciones que los adultos. En una corta intervención con varios medios de comunicación, Castillo explicó que la bancada buscaría implementar esta propuesta a la Ley de Gestión Pública que se está tratando en la Asamblea Nacional. Además, compartió datos preocupantes sobre el involucramiento de jóvenes en el crimen organizado.
Cometiendo delitos, desde el año 2022 se han detenido más de 8 mil menores. "En 2022 se detuvieron 2 099, en 2023 fueron 2 373, y en el 2024 la cifra decreció a 2 277 jóvenes", aseguró. Además, el asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), dijo que en tan solo estos primeros seis meses del año, esta cifra ya alcanzó los 1 179.
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Castillo señaló que los grupos delictivos están utilizando a los menores como "carne de cañón", debido a las garantías penales que estos tienen por ser inimputables. “Los delincuentes los ponen en primera fila, porque saben que no van a recibir una sanción proporcional”, advirtió el legislador.
Aunque enfatizó que su intención no es aplicar penas idénticas a las de adultos, Castillo propuso que los menores enfrenten el mismo procedimiento judicial, con las mismas penas, aunque estas se cumplan en centros diferenciados. “No podemos continuar con un sistema que permite que el crimen organice a nuestros jóvenes sin consecuencias reales”, afirmó.
La propuesta también contempla incentivos para los menores detenidos que colaboren con la justicia. Según Castillo, aquellos que brinden información para identificar a los líderes de las bandas podrían acceder a beneficios judiciales como reducción de pena.
De hecho, Castillo estima que esta propuesta puede reforzar la recién aprobada Ley de Solidaridad Nacional.
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La Ley de Solidaridad Nacional fue aprobada el sábado 7 de junio de 2025, con 84 votos en la Asamblea. Esta normativa, enviada por el Ejecutivo con carácter económico urgente, busca frenar las economías criminales asociadas al conflicto armado interno. Entre sus medidas, se incluyen reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y acciones para fortalecer a las Fuerzas Armadas y la Policía.
Uno de los puntos más relevantes de la ley es la incorporación de agravantes para quienes recluten a menores en organizaciones delictivas. Esta disposición respalda la propuesta de Castillo, al castigar con mayor severidad a quienes explotan a niños y adolescentes para actividades ilegales.
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Además, la ley establece un sistema de atención prioritaria para víctimas del conflicto armado, incluyendo acceso preferencial a servicios de salud física y mental, programas de asistencia integral y un registro nacional de víctimas.