¿Vigilancia, ‘pinchazos’ telefónicos y entrega de información? Los cuestionamientos a la Ley de Inteligencia que tramita la Asamblea
Una vez que pasó el segundo debate, la propuesta de ley volvió a la Comisión de Seguridad Integral para añadir las recomendaciones de los asambleístas.
[¡Estamos en WhatsApp! 📲 Empieza a seguirnos ahora🚀]"Para la correcta aplicación de esta ley, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, tienen la obligación de entregar, en forma segura, directa, gratuita y oportuna, la información requerida por el órgano rector del Sistema Nacional de Inteligencia”. Así reza uno de los artículos de la nueva Ley de Inteligencia que está próxima a aprobar la Asamblea Nacional. Otro artículo dice que se puede ‘pinchar’ líneas teléfonos.
En buen romance, esto quiere decir que el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), antes llamado Senain durante el correísmo, podrá obligar a cualquier ciudadano o empresa para que entregue información personal o sobres sus clientes, si el aparato de inteligencia así lo considera por alguna sospecha. Sin que haya de por medio una investigación judicial.
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Pero ese no es el único cuestionamiento. Analistas consultados dicen que esta ley, que ya se aprobó en segundo debate en la Asamblea y que está a punto de recibir el visto bueno, tendría potenciales abusos de poder y podría caer en inconstitucionalidades.
Se llama Ley Orgánica de Inteligencia y ha pasado casi desapercibida por la opinión pública. ¿Servirá para combatir el crimen organizado?
El pasado martes tres de junio, el Legislativo realizó el segundo debate del proyecto de Ley de Inteligencia, la cual fue heredada de las anteriores administraciones. De hecho, fue presentada por primera vez en el 2018, pero ha sufrido varias modificaciones y no se había concretado hasta hoy.
Para Lorena Piedra, experta en seguridad y presidenta de la Asociación de Estudios Internacionales del Ecuador, esta ley “es un retroceso” a las garantías vigentes en la Ley de Seguridad Pública y del Estado (LSPE), ya que se debilita el control democrático e incurre en violación de derechos.
¿ESPIONAJE SIN ORDEN JUDICIAL?
El proyecto de ley tiene un punto a favor que es la convergencia de todos los sistemas de inteligencia (policial, militar, aduanas, sistema penitenciario, etc.), lo cual puede facilitar el cruce de información para prevenir atentados del crimen organizado.
Sin embargo, hay otros aspectos que dejan más dudas que certezas. En el artículo 50, que habla sobre la entrega de información, dice que esto debe darse “sin excepciones ni oposiciones”.
Y aplica para todas las entidades del Estado y las personas naturales y jurídicas tanto públicas como privadas. ¿Entonces, se podrá pedir a periodistas que revelen sus fuentes, a un abogado que brinde detalles de un cliente o expediente, a un médico o psicólogo que revele el estado de salud de sus pacientes? Es la duda que salta al leer el apartado.
Pero hay más. En el artículo 51 se manifiesta que las operadoras de servicios de telecomunicaciones estarán obligadas a proporcionar la información requerida por el CIES, incluida “información histórica y en tiempo real” de las conexiones de los abonados. Esto también sin orden judicial, solo a través de una “solicitud debidamente justificada”.
Lorena Piedra indica que estos pedidos “tienen que darse a través de la Función Judicial para que haya algún tipo de control”. Propone, por ejemplo, establecer cierto número de jueces asignados para trabajar directamente con el CIES, pero “no dejarlo a discrecionalidad de una persona administrativa”, como menciona la norma analizada en la Asamblea.
Por su parte, la asambleísta oficialista Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad, de donde salió esta ley, rechazó que se vaya a pedir información o interceptar comunicaciones sin orden judicial, ya que la Constitución lo prohíbe en el artículo 66, numeral 21. Agregó que ninguna norma está por encima de la Carta Magna y que el objetivo de la ley es atacar a los grupos criminales.
“No se trata de crear una vigilancia masiva, ya que el proyecto establece controles institucionales claros”, recalcó la militante de ADN en entrevista con Ecuavisa. Mencionó, por ejemplo, que el Sistema Nacional de Inteligencia deberá rendir cuentas ante la Legislatura.
Pero ahí surge otro cuestionamiento. Y es que en los últimos años el crimen organizado ha llegado incluso al Parlamento, con asambleístas que han sido procesados en casos de narcopolítica: como Pablo Muentes o Ronny Aleaga. Por lo tanto, “sería peligrosísimo”, dice Lorena Piedra, que cualquier persona tenga acceso a la rendición de cuentas.
¿SE REPITE LA HISTORIA?
Quienes cuestionan la ley, temen que podría repetirse la historia de la antigua Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), que fue utilizada para acosar opositores en el gobierno de Rafael Correa.
Por ejemplo, tal como está redactada la ley, no prohíbe la afiliación partidista de quienes formarán parte del Sistema Nacional de Inteligencia. Tampoco se habla de un plan de carrera profesional para evitar cambios cada vez que ingresa un nuevo gobierno. Todo queda a discrecionalidad de la persona que dirige el CIES.
En el proyecto tampoco hay auditorías externas para evaluar a los agentes. Nuevamente: todo queda a discreción de la máxima autoridad del Sistema Nacional de Inteligencia.
Luis Córdova, profesor de la Universidad Central y director del programa de Investigación Orden, Conflicto y Violencia, señala que la aprobación de esta ley “eliminaría los diques institucionales construidos para evitar los abusos desde el poder político”.
Agrega que la “experiencia reciente del Ecuador muestra el grave riesgo que implica incrementar la capacidad de la comunidad de inteligencia cuando operan al servicio de liderazgos autoritarios y redes criminales”. Recuerda, por ejemplo, la participación de inteligencia militar en la red de captación ilegal de dinero ‘Big Money’ y la forma en que el gobierno de Guillermo Lasso habría encubierto la investigación del caso ‘León de Troya’ que implicaba a su círculo cercano y varios oficiales de policía.
Otro problema serían los gastos reservados, solo podrán ser revisados por el Contralor General del Estado y serán incinerados. Es decir, no se podrá investigar en qué usa el dinero la Inteligencia. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un período de tiempo en el cual se desclasifica la información reservada. Esta ley, por el contrario, la está sepultando.
¿QUÉ SUCEDERÁ CON LA LEY?
Una vez que pasó el segundo debate, la propuesta de ley volvió a la Comisión de Seguridad Integral para añadir las recomendaciones de los asambleístas. La mesa legislativa tiene ocho días para presentar un texto final y someterlo a votación. Por lo que la próxima semana ya habría un documento definitivo.
Luego viene otra votación en el Pleno y, si aprueban la ley, pasará al Ejecutivo para su veto parcial o definitivo, aunque podría existir otro filtro: la Corte Constitucional.
El abogado constitucionalista, Aldrin Gómez, asegura que esta norma “a todas luces” transgrede derechos establecidos en la Carta Magna como el derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual; los cuales sólo pueden exceptuarse en ciertos casos previa intervención judicial.
“Seguramente va a ser demandada por la sociedad en general a posteriori porque tiene normas inconstitucionales”, indica Gómez. Agrega que, si esto llega a pasar, la Corte Constitucional podría echar abajo la ley.
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