Las dos normas anuladas por el tribunal constitucional llevaban el nombre de Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y Ley Orgánica de Integridad Pública.
La Corte Constitucional hizo pública su decisión de suspender de manera temporal los efectos de varios artículos de las leyes de Inteligencia, de Solidaridad y de Integridad.
Tres normas económicas urgentes más la Ley de Inteligencia, replanteada por el movimiento oficialista en la Asamblea, suman una treintena de demandas de inconstitucionalidad.
La Revolución Ciudadana dijo que toma esta decisión debido a que el representante de Galápagos ha votado constantemente de manera contraria a las decisiones del movimiento.
Una vez que pasó el segundo debate, la propuesta de ley volvió a la Comisión de Seguridad Integral para añadir las recomendaciones de los asambleístas.
