La Corte Constitucional dio de baja dos leyes urgentes impulsadas por Daniel Noboa
Las dos normas anuladas por el tribunal constitucional llevaban el nombre de Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y Ley Orgánica de Integridad Pública.
La Corte Constitucional declaró este viernes inconstitucionales dos de las cinco leyes promovidas por el presidente, Daniel Noboa, con el mecanismo exprés del tratamiento "económico urgente", después que cautelarmente ya había suspendido algunos artículos que acumulaban numerosas demandas por posible vulneración de derechos fundamentales.
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La decisión del tribunal constitucional agudiza el enfrentamiento abierto contra Noboa, que tras las primeras suspensiones de artículos lanzó una campaña contra los jueces a los que acusó de ser enemigos de la seguridad del país y que ha derivado en una convocatoria a un referéndum para instaurar una Asamblea Constituyente que reemplace a la Constitución vigente desde el mandato de Rafael Correa.
Las dos normas anuladas por el tribunal constitucional llevaban el nombre de Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y Ley Orgánica de Integridad Pública, dos textos que el mandatario presentó a la Asamblea Nacional con carácter "económico urgente", lo que obliga al Legislativo, controlado por el oficialismo, a tramitar la norma en un máximo de treinta días.
La Corte Constitucional determinó que la primera de estas normas "mezcló materias económicas, penales y de seguridad, usando indebidamente el procedimiento de urgencia económica", mientras que la segunda ley vulneró "la unidad de materia, publicidad y deliberación democrática".
"Estas decisiones recuerdan que ninguna ley puede aprobarse con atajos que limiten el debate público o sin una verdadera justificación económica", concluyó el alto tribunal.
Indultos anticipados a policías y militares
La Ley de Solidaridad Nacional buscaba establecer fórmulas de financiación hacia la Policía y las Fuerzas Armadas para reforzar su lucha contra el crimen organizado, dentro del "conflicto armado interno" declarado por Noboa desde inicios de 2024 para enfrentar la escalada de violencia sin precedentes que vive el país, causada por el auge de las bandas criminales.
Sin embargo, dentro del texto había disposiciones polémicas como la prerrogativa que se le daba al mandatario para conceder "indultos anticipados" a policías y militares que sean procesados por delitos cometidos durante sus acciones contra criminales dentro del "conflicto armado interno".
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Mientras, en la Ley de Integridad Pública, que buscaba combatir la corrupción dentro de los funcionarios del sector público, se incluyó un endurecimiento de penas a adolescentes de entre doce y 18 años, para pasar de penas máximas de privación de libertad de ocho años a quince años.
Pendiente de decisión por parte de la Corte Constitucional también está la Ley de Inteligencia, sobre la que el tribunal ya había suspendido algunos artículos que permitían a los agentes de inteligencia adquirir identidades falsas, además de requerir a las compañías telefónicas datos sobre los usuarios.
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