Asamblea debate Ley de Solidaridad, el proyecto económico urgente de Noboa contra economías criminales
Según el Ejecutivo, esta normativa busca desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno.
[¡Estamos en WhatsApp! 📲 Empieza a seguirnos ahora🚀]El titular de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, convocó al pleno a la sesión No. 8 este jueves 5 de junio para analizar y aprobar el informe correspondiente al segundo debate del proyecto de Ley de Solidaridad Nacional, declarado urgente en materia económica por el presidente de la República, Daniel Noboa.
Al instalarse la sesión a las 09h00, la Secretaría General de la Asamblea Nacional informó la presencia de 145 legisladores y la ausencia de 6.
Según el Ejecutivo, esta normativa busca desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno. Para ello, se tomará como base el segundo informe de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y de la Microempresa, que reconoce la necesidad de aplicar regímenes especiales en materias tributaria y penal.
La propuesta incluye incentivos económicos para que el sector privado contribuya al sector público mediante donaciones destinadas a combatir la delincuencia organizada, a cambio de beneficios como la reducción del Impuesto a la Renta.
En el ámbito penal, establece quiénes son considerados miembros de un grupo armado interno y define el concepto de economías criminales.
Asimismo, la Comisión ha destacado que, para desarticular la economía criminal, es indispensable identificar los bienes en poder del crimen organizado, priorizar su incautación y debilitar su capacidad operativa. La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) tendrá un rol fundamental en este proceso.
Corte Nacional y Judicatura proponen ajustes
La Comisión de Desarrollo Económico recibió este lunes 2 de junio los aportes de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y del Consejo de la Judicatura (CJ) en torno al proyecto económico urgente de Solidaridad Nacional, como parte del análisis de esta normativa para la elaboración del informe para segundo debate.
El delegado de la Corte Nacional de Justicia, José Gabriel Terán, formuló varias observaciones para posibilitar que la empresa privada realice donaciones a las entidades de seguridad para combatir a los grupos de delincuencia organizada. En este sentido, subrayó la necesidad de especificar qué tipo de bienes son susceptibles de donación.
Asimismo, destacó la importancia de incluir el término “motivado” respecto a la facultad otorgada al Ejecutivo para emitir un decreto que permita iniciar acciones contra el crimen organizado, ya que la motivación es esencial para que se cumplan los fines de esta ley.
Por su parte, Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, explicó cómo funciona la estructura judicial del país y los catálogos de delitos que manejan los jueces especializados en delitos anticorrupción.
Recomendó ampliar el ámbito de gestión de estas judicaturas para que también conozcan causas relacionadas con corrupción y crimen organizado. En este contexto, indicó que el CJ está en capacidad de establecer el catálogo de delitos atribuibles a estos juzgados, para lo cual se requiere un plazo de 90 días.
El proyecto consta de 14 artículos, tres disposiciones generales, cinco disposiciones reformatorias a la Ley de Régimen Tributario Interno, al Código Orgánico Integral Penal (COIP), a la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate al Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, y al Código Orgánico de la Función Judicial, además de dos disposiciones transitorias.
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