El dirigente del movimiento Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, calificó como algo “realmente risible” su vinculación por presunta asociación ilícita en el caso Ligados, este miércoles 4 de junio de 2025. Por su parte, el expresidente Rafael Correa también cuestionó el accionar de la justicia.
La jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, acogió el pedido del fiscal subrogante Wilson Toainga y vinculó a Arauz, a la exasambleísta Esther Cuesta y a Raúl González Carrión, a quien intentaron posesionar como Superintendente de Bancos, al proceso.
Desde México, Andrés Arauz reaccionó con un mensaje: “Acusan a los dirigentes políticos de ser políticos. Me quieren vincular por dos tuits”.
También se refirió a Esther Cuesta —actualmente en Italia— al señalar: “A una de las más valiosas ecuatorianas la quieren vincular por enviar un oficio”.
En esta causa ya estaban procesados los exconsejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor, y la actual consejera Nicole Bonifaz.
Tras haber analizado la intervención de todas las partes procesales, la jueza Camacho acogió el pedido y los elementos expuestos por Fiscalía y dictó medidas alternativas a la prisión para los tres procesados: Andrés Arauz y Esther Cuesta deberán cumplir la medida de presentación periódica una vez al mes en la Secretaría de la Corte Nacional de Justicia, mientras que a Raúl González se le impuso prohibición de salida del país y presentaciones periódicas cada quince días en Guayaquil.
Además, la magistrada dispuso la retención de cuentas por un monto de 16.000 dólares. La instrucción fiscal se extiende por treinta días más.
Por su parte, el expresidente Rafael Correa también arremetió contra el sistema judicial: “¡Cómo un podrido sistema de justicia pierde tiempo y recursos en persecuciones y tonterías, mientras el país se cae en pedazos! El caso ‘Ligados’ es otro insulto a la moral y a la inteligencia. Y hay gente que aplaudirá esta nueva canallada".
La investigación se inició a raíz de una denuncia y un allanamiento ejecutado el 24 de enero de 2025 en las instalaciones del Cpccs, en el que se incautaron los celulares del exconsejero Augusto Verduga, cuya información habría revelado la planificación y estrategias delictivas puestas en marcha para tomar del control de la institucionalidad del Estado.
Según la Fiscalía, los hechos se habrían perpetrado entre diciembre de 2024 e inicios de 2025. Los elementos de convicción apuntarían a que Andrés Arauz coordinaba externamente las presuntas acciones ilícitas.
Por medio de la aplicación Wire, habría emitido directrices de actuación, a fin de cristalizar el control de la institución. Además, formulaba lineamientos como la presentación de denuncias, recusaciones e incluso acciones constitucionales, sin dejar de mencionar que se mantenía al tanto de las acciones conjuntas que su organización política (Revolución Ciudadana) iba a iniciar desde la Asamblea Nacional, incluyendo las que se planteaban ejecutar en el Cpccs "para sus intereses particulares".
"Estas acciones habrían tenido como principal beneficiario a Raúl González, ya que entre los planes estaba su designación como Superintendente de Bancos. Para cumplir con sus objetivos, habrían contado con el papel indispensable de la exasambleísta Esther Cuesta, quien fungía como Presidenta del parlamento", detalló Fiscalía.
El fiscal Wilson Toainga señaló que estas conductas son propias de una asociación ilícita, con actividades específicas destinadas a controlar los poderes del Estado, llegando a ser juez y parte dentro de los procesos de selección de autoridades, mismos que el Consejo de Participación Ciudadana debía emprender con imparcialidad.