Según la Fiscalía, los siete procesados se habrían confabulado entre noviembre de 2024 y enero de 2025 para ejecutar acciones destinadas a “controlar instituciones del Estado”.
El Ministerio Público ha descrito que los procesados presuntamente querían inferir en el Consejo de la Judicatura (CJ), Superintendencia de Bancos y Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
