Caso Ligados: jueza decidirá si llama a juicio a siete procesados por presunta asociación ilícita
Entre los implicados figuran exvocales del CPCCS, Andrés Arauz y una consejera en funciones. La Fiscalía sostiene que buscaban “controlar instituciones del Estado”.
Con la presencia del fiscal general del Estado (e), Leonardo Alarcón, se reinstaló este viernes 17 de abril la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio dentro del Caso Ligados, en el que siete personas son procesadas por presunta asociación ilícita.
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Durante la diligencia, que se desarrolla en la Corte Nacional de Justicia, en la ciudad de Quito, la jueza Daniella Camacho deberá decidir si llama o no a juicio a los implicados, entre quienes figuran los exmiembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor.
También forman parte del proceso Nicole Bonifaz, actual consejera del CPCCS; el excandidato presidencial del correísmo, Andrés Arauz; la exasambleísta Esther Cuesta; y Raúl González, quien fue electo superintendente de Bancos en 2022.
Según la Fiscalía, los siete procesados se habrían confabulado entre noviembre de 2024 y enero de 2025 para ejecutar acciones destinadas a “controlar instituciones del Estado” mediante la designación irregular de autoridades.
El Ministerio Público sostiene que esta presunta estructura buscaba influir en entidades clave del sistema judicial y financiero, con el objetivo de obtener impunidad y mantenerse en posiciones de poder.
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Durante la audiencia, la Fiscalía detalló tres eventos principales que configurarían el esquema delictivo:
Etapa clave del proceso
El dictamen acusatorio se sustenta en peritajes, documentos, versiones y un testimonio anticipado, que —según la Fiscalía— evidenciarían la existencia de una estructura organizada para alcanzar estos objetivos.
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De ser aceptado el pedido por la jueza Camacho, el caso avanzará a la etapa de juzgamiento, donde se determinará la responsabilidad penal de los implicados en este proceso, que pone en el centro del debate la presunta injerencia en la designación de autoridades y el control de instituciones del Estado.
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