Entre los implicados figuran exvocales del CPCCS, Andrés Arauz y una consejera en funciones. La Fiscalía sostiene que buscaban “controlar instituciones del Estado”.
La defensa del exmandatario venezolano cuestiona restricciones para financiar su representación legal, en medio de un proceso judicial que coincide con el acercamiento entre Washington y Caracas.
La jueza se encuentra procesada por supuestamente exigir dádivas, entre ellas un juego de muebles, por beneficiar a un ciudadano en un conflicto judicial.
La jueza Aileen Cannon siguió este miércoles la petición de la fiscalía y le aplicó a Routh el mayor castigo posible "para proteger a la gente de futuros delitos cometidos por él".