El Código Orgánico General de Procesos permite que, con un simple título ejecutivo, un acreedor pueda inmovilizar cuentas o retener parte del sueldo, sin establecer un monto mínimo como excepción.
Una pena de hasta diez años se prevé que recaerá sobre el empresario, descrito por la Fiscalía estadounidense como “un blanqueador de dinero con sede en Miami”.
