La principal implicada en esta sanción es Estefanía Molina, responsable del manejo económico de la Revolución Ciudadana (RC) en 2023, pero el TCE incluyó a González y Arauz como "responsables solidarios".
El Ministerio Público ha descrito que los procesados presuntamente querían inferir en el Consejo de la Judicatura (CJ), Superintendencia de Bancos y Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
