La normativa fue reactivada a pedido de la bancada oficialista ADN tras el reciente dictamen que ordenó a Ecuador pagar 220 millones de dólares a la petrolera Chevron.
Según el medio estadounidense, la salida de la Base de Manta, durante el correísmo, y el enfoque de lucha contra el fentanilo, en Estados Unidos, contribuyeron al fortalecimiento de organizaciones delictivas en Ecuador.
