Este lunes 16 de marzo se instaló, vía telemática en la provincia de Guayas, la audiencia de formulación de cargos contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, procesado por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.
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Durante la diligencia, la Fiscalía General del Estado expuso los elementos de convicción que vincularían al funcionario con la presunta manipulación del dispositivo electrónico de vigilancia que le había sido impuesto por el caso Triple A, por presunto contrabando de combustible.
Tras analizar los argumentos presentados por la institución, el juez de la causa acogió el pedido y dispuso la medida de prisión preventiva contra Alvarez mientras avanzan las investigaciones.
El caso se remonta a inicios de febrero, cuando las autoridades ejecutaron un allanamiento en la vivienda del burgomaestre por el caso 'Goleada', relacionada con un presunto delito de delincuencia organizada.
Durante el operativo, agentes policiales detectaron que el funcionario no portaba el grillete electrónico que debía mantener colocado en su tobillo como parte de las medidas judiciales en su contra.
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Este hecho derivó posteriormente en una audiencia de revisión de medidas dentro del caso 'Triple A'. El domingo 8 de marzo, un tribunal dispuso una nueva orden de prisión preventiva contra el alcalde por haberse retirado el dispositivo de vigilancia.
Según la Fiscalía, el sistema de monitoreo registró al menos 2.769 alertas relacionadas con el retiro o desconexión del grillete electrónico asignado al funcionario.
Con esta última decisión judicial, Aquiles Alvarez suma su tercera orden de prisión preventiva, en los procesos que enfrenta.
El alcalde fue detenido previamente en el operativo del caso 'Goleada', donde fue procesado por su presunta participación en un esquema de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. En esa causa también fueron procesados sus hermanos Antonio y Xavier Alvarez, contra quienes el juez también dispuso prisión preventiva.
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La investigación sostiene que, a través de empresas de papel –domiciliadas en Panamá– los procesados habrían desviado combustible del segmento naviero nacional e internacional.
Según Fiscalía, el perjuicio para el Estado se reflejaría en la reventa de diésel subsidiado a precios del mercado internacional, con un perjuicio estimado en alrededor de 100 millones de dólares.
Alvarez fue trasladado a la Cárcel del Encuentro, un centro penitenciario de máxima seguridad construido durante el gobierno del presidente Daniel Noboa.
El ministro del Interior, Jhon Reimberg, ha manifestado que los hermanos Alvarez están en "celdas separadas" del resto de los presos y que ahora no corren ningún peligro, pues están en "la cárcel más segura del país".