La Asamblea aprobó este jueves, 26 de febrero, la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, remitida por el presidente Daniel Noboa con carácter de económico urgente.
La decisión se dio con los votos condicionados de los legisladores de la Amazonía, quienes aceptaron dar paso a la nueva norma si es que se elimina el artículo 29, que hablaba sobre la distribución de las regalías por la generación de energía eléctrica.
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Fernando Nantipia, Edwin Jarrín, José Nango y Edmundo Cerda alertaron que ese apartado pondría en riesgo la entrega del 30% de las regalías que reciben los gobiernos locales de esa región.
Así mismo, el legislador Anthony Becerra (ADN), del Azuay, reconoció esa irregularidad y pidió dividir la votación en dos partes. En la primera, los asambleístas se pronunciaron por 28 artículos, casi toda la ley. Mientras que el artículo 29 fue excluido para un segundo sufragio.
Es así como el oficialismo logró 77 votos afirmativos en la primera votación y el artículo 29 quedó eliminado al contar con el rechazo mayoritario del Pleno.
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Alejandro Lara, proponente de la ley, destacó cinco puntos fundamentales del documento: mantener la rectoría del Estado para control y reglas claras, reactivar la inversión privada, mejorar la recaudación estatal, promover la diversificación y abastecimiento de energía y garantizar la continuidad del servicio eléctrico.
Además, aseguró que el Estado protegerá las zonas mineras para evitar la irrupción de grupos criminales. También, habló sobre la creación de ‘clusters mineros’, que son concentraciones geográficas de empresas, proveedores de insumos/servicios, instituciones educativas y centros de investigación.
Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) había pedido el archivo de la ley al considerar que debilita el control ambiental y pone en riesgo los derechos de las comunidades indígenas.
La organización advirtió que se está sustituyendo las licencias ambientales por autorizaciones simplificadas, lo cual reduce la consulta “a un procedimiento formal, sin asegurar procesos reales de decisión colectiva ni consentimiento previo”.
En ese sentido, ciudadanos y grupos ambientalistas realizaron un plantón en los exteriores de la Asamblea, pero en Quito. Mientras tanto, el debate se realizó en la Universidad Ecotec, en Samborondón, provincia del Guayas.
Ahora la ley será enviada a la Presidencia de la República para su aprobación u objeción parcial (veto).
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Con 77 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea aprobó la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía desde el artículo 1 hasta el 28 más las disposiciones generales y una disposición transitoria.
Mientras tanto, el artículo 29 fue separado en otra votación. La mayoría de legisladores rechazaron que ese artículo sea incluido en la ley.
Tras la intervención de más de una decena de asambleístas, el Pleno procede a votar en dos secciones el informe sobre la ley de minería y energía.
Varios asambleístas de la Amazonía condicionaron sus votos para aprobar la ley del fortalecimiento minero y energético. Los legisladores solicitaron la eliminación de algunos artículos, sobre todo el apartado relacionado con la distribución de las regalías por la generación energética.
El legislador Fernando Nantipia, de Morona Santiago, recordó que “Ecuador no puede desarrollarse sacrificando a la Amazonía”.
“La riqueza energética del país nace de nuestros ríos y montañas”, aseguró el asambleísta.
Luego, anunció que apoyará la ley “siempre y cuando no se vulneren los derechos de los pueblos amazónicos”. Por ello, pidió que se respete la consulta previa a las comunidades donde se realicen proyectos mineros y que el 30 % de las regalías energéticas sigan yendo a los gobiernos locales.
En ese mismo sentido, Edwin Jarrín, también de Morona Santiago, advirtió que el oficialismo contará con su respaldo si es que eliminan el artículo 29 sobre la distribución de recursos energéticos.
Además, criticó los artículos 9 porque dijo que facilita licencias ambientales junto a fuentes hídricas. Mientras que el artículo 10 aseguró que podría dar paso a actos de corrupción debido a que los gobiernos locales deben ejecutar proyectos con la aprobación del Gobierno.
Los asambleístas José Nango (Pastaza) y Edmundo Cerda (Napo) tuvieron posiciones similares.
La organización indígena asegura que si se aprueba la ley, “habrá menos protección ambiental, mayor riesgo de contaminación en ríos y páramos y más conflictividad social”.
“La experiencia del país demuestra que profundizar el extractivismo no ha resuelto el desarrollo, pero sí ha generado desigualdad, criminalización y daños ambientales sin beneficios reales para las comunidades”, dice un comunicado del colectivo.
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Además, pidió que cada asambleísta decida “si protege la Constitución y el agua o si profundiza un modelo que pone en riesgo nuestro futuro”.
También exigió el archivo de la ley y solicitó a los pueblos que defiendan el agua y la vida.
Alejandro Lara, proponente de la ley, explicó las “bondades” de la nueva normativa. “Ecuador nos llama a tener coherencia, tenemos que pensar en los ciudadanos”, aseguró el legislador, quien mencionó que el proyecto ayudará al desarrollo económico del país.
Además, resaltó que se combatirá a los grupos criminales que se han tomado los territorios mineros, ya que la ley crea áreas con protección estratégica.
“Lo que se hace es habilitar una acción coordinada para que el Estado empiece a proteger al personal dentro de las instalaciones mineras”, indicó Lara.
Por otro lado, explicó que “se aterriza la renta minera dentro de los territorios”, puesto que el 60% de las regalías será invertido en desarrollo territorial e inversión social, mediante transferencias a los gobiernos locales.
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El proyecto también crea ‘clusters mineros’, que son concentraciones geográficas de empresas mineras, proveedores de insumos/servicios, instituciones educativas y centros de investigación.
“La minería no solo se dedicará a la extracción, sino que será parte del motor de empleo, articulando la logística para que el impacto económico se multiplique”, indicó Lara.
Finalmente, dijo que la inversión extranjera ocurrirá con reglas claras y sin desproteger a la naturaleza.
En temas energéticos, lo principal de la ley es la diversificación y autofinanciamiento de este sector estratégico.
Un grupo de ciudadanos llegó a las instalaciones de la Asamblea en Quito con carteles que decían: "No a la ley minera" y "Defiendan la vida".
Sin embargo, los legisladores sesionan en Samborondón.
Aunque la Asamblea sesiona en Samborondón para tratar en segundo debate reformas a la Ley minera, en Quito un grupo de activistas se congregan en los exteriores de la sede para rechazar este proyecto de Ley, calificado de urgente en materia económica. pic.twitter.com/doG5PNTwpV
— Ecuador Chequea (@ECUADORCHEQUEA) February 26, 2026
Con la presencia de 145 asambleístas, se instaló la sesión 74 del Pleno de la Asamblea para conocer y resolver el informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, calificado como urgente en materia económica.
La organización indígena rechazó el proyecto de ley, ya que asegura que existen "intereses vinculados al capital minero".
Agregó que la norma merma la consulta previa libre e informada, reemplaza licencias ambientales por autorizaciones simples, permite concesiones de hasta 30 años y habilita la militarización de territorios.
Por ello, la Conaie exige a la Asamblea el archivo del proyecto y llama a la unidad de los pueblos.
⭕ [COMUNICADO]
— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) February 26, 2026
Hoy la @AsambleaEcuador decide si defiende la naturaleza o aprueba una ley extractiva hecha a la medida de #DanielNoboa, que vulnera la Constitución y los derechos colectivos.
Por la vida y el agua, esta ley NO debe aprobarse.#ArchivoLeyMinera pic.twitter.com/Ch9EtuRXhZ