La ley urgente sobre el fortalecimiento de la minería y energía se define este jueves en una sesión del Pleno de la Asamblea en Samborondón. El proyecto ha generado rechazo en grupos indígenas al considerar que debilita el control ambiental.
Se trata de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, la cual fue enviada por el presidente Daniel Noboa. Según el Gobierno, la nueva norma busca optimizar la gestión pública y privada de esos sectores.
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En temas de minería, el documento señala que se reforman varios artículos de la Ley de Minería para reforzar la rectoría del Estado, precisar competencias institucionales y regular los actos administrativos.
Además, actualizar el régimen de patentes de conservación y etapas de exploración y explotación, e incorporar un nuevo capítulo sobre fomento y promoción de la inversión, grupos mineros y áreas con protección de seguridad estratégica.
Uno de los puntos que ha causado polémica es la sustitución de la licencia ambiental por una autorización para actividades mineras.
Esto ha encendido las alarmas en grupos ecologistas e indígenas. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) asegura que la norma debilitará el control ambiental y pondría en riesgo los derechos de las comunidades indígenas.
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Advierte, además, que la sustitución de licencias ambientales por autorizaciones simplificadas reducen la consulta “a un procedimiento formal, sin asegurar procesos reales de decisión colectiva ni consentimiento previo”.
La organización indígena asegura que si se aprueba la ley, “habrá menos protección ambiental, mayor riesgo de contaminación en ríos y páramos y más conflictividad social”.
“La experiencia del país demuestra que profundizar el extractivismo no ha resuelto el desarrollo, pero sí ha generado desigualdad, criminalización y daños ambientales sin beneficios reales para las comunidades”, dice un comunicado del colectivo.
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Además, pidió que cada asambleísta decida “si protege la Constitución y el agua o si profundiza un modelo que pone en riesgo nuestro futuro”.
También exigió el archivo de la ley y solicitó a los pueblos que defiendan el agua y la vida.
Alejandro Lara, proponente de la ley, explicó las “bondades” de la nueva normativa. “Ecuador nos llama a tener coherencia, tenemos que pensar en los ciudadanos”, aseguró el legislador, quien mencionó que el proyecto ayudará al desarrollo económico del país.
Además, resaltó que se combatirá a los grupos criminales que se han tomado los territorios mineros, ya que la ley crea áreas con protección estratégica.
“Lo que se hace es habilitar una acción coordinada para que el Estado empiece a proteger al personal dentro de las instalaciones mineras”, indicó Lara.
Por otro lado, explicó que “se aterriza la renta minera dentro de los territorios”, puesto que el 60% de las regalías será invertido en desarrollo territorial e inversión social, mediante transferencias a los gobiernos locales.
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El proyecto también crea ‘clusters mineros’, que son concentraciones geográficas de empresas mineras, proveedores de insumos/servicios, instituciones educativas y centros de investigación.
“La minería no solo se dedicará a la extracción, sino que será parte del motor de empleo, articulando la logística para que el impacto económico se multiplique”, indicó Lara.
Finalmente, dijo que la inversión extranjera ocurrirá con reglas claras y sin desproteger a la naturaleza.
En temas energéticos, lo principal de la ley es la diversificación y autofinanciamiento de este sector estratégico.
Un grupo de ciudadanos llegó a las instalaciones de la Asamblea en Quito con carteles que decían: "No a la ley minera" y "Defiendan la vida".
Sin embargo, los legisladores sesionan en Samborondón.
Aunque la Asamblea sesiona en Samborondón para tratar en segundo debate reformas a la Ley minera, en Quito un grupo de activistas se congregan en los exteriores de la sede para rechazar este proyecto de Ley, calificado de urgente en materia económica. pic.twitter.com/doG5PNTwpV
— Ecuador Chequea (@ECUADORCHEQUEA) February 26, 2026
Con la presencia de 145 asambleístas, se instaló la sesión 74 del Pleno de la Asamblea para conocer y resolver el informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, calificado como urgente en materia económica.
La organización indígena rechazó el proyecto de ley, ya que asegura que existen "intereses vinculados al capital minero".
Agregó que la norma merma la consulta previa libre e informada, reemplaza licencias ambientales por autorizaciones simples, permite concesiones de hasta 30 años y habilita la militarización de territorios.
Por ello, la Conaie exige a la Asamblea el archivo del proyecto y llama a la unidad de los pueblos.
⭕ [COMUNICADO]
— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) February 26, 2026
Hoy la @AsambleaEcuador decide si defiende la naturaleza o aprueba una ley extractiva hecha a la medida de #DanielNoboa, que vulnera la Constitución y los derechos colectivos.
Por la vida y el agua, esta ley NO debe aprobarse.#ArchivoLeyMinera pic.twitter.com/Ch9EtuRXhZ