La minería ilegal devasta Zamora Chinchipe: viviendas destruidas y territorios en riesgo
La minería ilegal en Zamora Chinchipe no solo deja daños ambientales: también arrastra comunidades enteras con inundaciones, deslizamientos, pérdidas económicas y una profunda ruptura del tejido social.
Al pie de la carretera Troncal Amazónica, en la provincia de Zamora Chinchipe, vive Marina Cuenca, de 76 años. Su hogar se encuentra precisamente a cinco minutos del sector Chamico, en el cantón Zamora.
Allí la acompañan su esposo, Servio Moncayo, de 86 años, quien es discapacitado, y dos de sus seis hijos. Servio recibe 120 dólares por jubilación, pero poco les alcanza para comer, movilizarse o para sus medicinas. Por eso a sus tres hectáreas de tierra, donde tienen yuca, plátano y caña de azúcar, las cuidan como su mayor tesoro. Son el sustento familiar.
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Pero esa relativa calma y comodidad cambió la tarde del 12 de mayo. Marina lavaba su ropa cuando inesperadamente vio cómo el agua del río Zamora, que queda a cuatro minutos de su casa ladera abajo, ahora se asomaba por su ventana. El canal del río creció tanto que hasta se tomó parte de la carretera.
Las intensas lluvias por la época invernal, combinadas con la actividad minera fluvial (regulada y no regulada), provocaron inundaciones, deslizamientos, aluviones, colapsos estructurales y hundimientos, según un informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos al que accedieron Vistazo y Mongabay Latam.
En total se perdieron más de 142 hectáreas de cultivos, cinco personas fallecieron, también 52 animales, y hay 67 damnificados. A Marina le robaron su molino dos veces y también su motor. Recién había comprado otro, pero con la llegada del agua, lo perdió todo.
En una desgracia como esta, algunos eligen el camino más corto para recuperarse, aunque generalmente ese camino no es el correcto. En Zamora Chinchipe, esa ruta los lleva hacia la minería ilegal. Pero Marina y Servio nunca han aceptado las propuestas que los mineros ilegales les hicieron. La primera vez fue hace casi dos años: les ofrecían el 10 % de las ganancias a cambio de dejarlos extraer los minerales en esa parte de su plantación que da hacia la ribera del río.
¿Por qué no lo hicieron? “Nosotros queremos vivir de la tierra, no destruirla”. Con la caña que cosechaban hacían panela y se iban a Zamora a venderla. Con ese dinero (80 dólares por 200 fundas de panela que producían semanales) compraban alimentos. Pero negar la entrada de la minería no evitó la catástrofe.
Por las noches escuchaban cómo a pocos kilómetros de su hogar las maquinarias trabajaban y removían la tierra. Esto hizo que el cauce del río cambie y el agua destruya sus sembríos.
Heridas del oro
En Ecuador, la Ley Minera establece cuatro tipos de explotación: la artesanal, que se realiza de manera familiar, asociativa o individual, y que no tiene una inversión superior a 150 salarios básicos unificados; la de pequeña escala, que tiene la capacidad de extraer hasta 300 toneladas de manera subterránea, 1000 toneladas a cielo abierto y hasta 1500 metros cúbicos de manera aluvial por día; la mediana, que se considera a toda actividad que empezó como pequeña minería, pero que puede incrementar su producción porque existen más reservas de minerales; y la de gran escala, que es toda aquella que supere los volúmenes máximos establecidos para la modalidad de mediana minería.
En Zamora Chinchipe, actualmente, hay dos empresas extranjeras que realizan minería a gran escala y que firmaron sus contratos de extracción durante el gobierno de Rafael Correa. Pero en la última década, la minería ilegal (que no cuenta con permisos de funcionamiento, licencias ambientales y que opera en zonas prohibidas) se expandió en varios puntos del país, especialmente en la Amazonía.
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¿Qué pasa con esos ecosistemas donde hay intervenciones no reguladas? “Existe deforestación en las riberas de los ríos y todo ese tipo de minería suele usar sustancias bastante tóxicas, como el mercurio o el cianuro, que son letales y que afectan la calidad del agua”, explica David del Pozo Meza, docente de Ingeniería Ambiental de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL).
Además, cuando los temas climatológicos son adversos, como en las últimas semanas, también generan estragos como erosión en los suelos y esto limita mucho los sitios que pudieron utilizarse para cultivos. Este último punto fue, según Luis (nombre protegido), lo que lo motivó a pasarse de la agricultura a la minería.
Él vive en la parroquia Zumbi, en el cantón Centinela del Cóndor, a orillas del río Zamora. Hace unos meses, al frente de su vivienda empezaron las excavaciones y colocaron un muro que movió el cauce del río. El terreno de Luis era virgen y estaba lleno de plantaciones de yuca, plátano y otros cultivos.
Poco después el agua cambió su trayectoria y arrasó con todo. Luis decidió construir su propio muro de 10 metros de ancho para evitar más afectaciones. “El río no tenía por dónde pasar y se vino para acá. Fui cuatro veces a hablar con las autoridades para que eliminen la minería en Centinela del Cóndor y no hicieron caso. Yo no quería que se haga minería, pero lo tuve que hacer [al muro] obligado porque si no, los del frente (mineros ilegales) continuaban".
Luis asegura que tras construir el muro y remover la tierra, realizó minería, pero que no lo hizo con la finalidad de hacerse rico. Ahora ya no puede ni cultivar la tierra ni hacer minería.
Otro de los afectados es José (nombre protegido), de 67 años. Él recuerda que la primera inundación llegó en febrero y estima que hasta la fecha ha perdido un total de 15 000 dólares por todos los enseres de su hogar.
“Hacen excavaciones de más de 20 metros que por el ruido no dejan ni dormir. Es la primera vez que nos inundamos, desde que comenzaron a hacer minería en Soapaca (sector de Zamora). Deben exigir a los propietarios de las tierras que paren porque ellos dejan que ingrese la minería a cambio de dinero”.
Vistazo y Mongabay Latam entrevistaron a Segundo Sarango, alcalde de Centinela del Cóndor, y según él, en una reunión de trabajo interinstitucional (con el Ministerio del Ambiente, la Agencia de Regulación y Control Minero -ARCOM- y otras instituciones) se acordó en exigir que los responsables realicen una remediación en el cauce del río, a través de los propietarios de las tierras que dieron permiso para hacer minería.
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Sarango indicó que el Municipio solo es responsable de dar permisos para áridos y pétreos, pero que actualmente tienen identificados 36 puntos de minería ilegal en Centinela del Cóndor hasta llegar a Yantzaza.
Sobre las supuestas denuncias del alcalde Sarango, Vistazo y Mongabay Latam buscaron la versión del Ministerio del Ambiente y la ARCOM, pero hasta el cierre de este reportaje no se obtuvo ninguna respuesta de ambas instituciones.
La falta de soluciones no es lo único que los afecta. Antes, el río Zamora era un recurso importante para la comunidad. Se usaba para bañarse o para pescar, principalmente el corroncho. Eso, ahora, es impensable. Bañarse en el río da sarpullido y comer un corroncho es saborear el diésel que desprenden las maquinarias, dicen los lugareños.
Aunque en el Distrito de Salud que pertenece a los cantones Centinela del Cóndor, Nangaritza y Paquisha, no se han presentado casos de personas enfermas por comer alimentos contaminados, sí tienen otras alertas. Por ejemplo, el agua acumulada en ciertas zonas por las inundaciones son un factor de riesgo.
“Hemos tenido un aumento en los casos de dengue y de leptospirosis. Además como se usan materiales pesados como mercurio, arsénico o plomo, podrían desarrollarse problemas de piel y en el sistema respiratorio a largo plazo. Aunque aún no hemos realizado estudios para determinar si existe esta afectación”, destaca Maribel Abad Reyes, directora distrital de Salud de esa zona.
¿Regular o eliminar?
En 2024, Zamora Chinchipe tuvo ingresos por 2 860 millones de dólares. Esto la ubicó como la séptima provincia que más ingresos genera en el país, según cifras del Servicio de Rentas Internas (SRI).
Desde 2020, la minería es la principal actividad económica de Zamora. En 2024 representó el 82 % de todos los ingresos de la provincia. Pero lo que aún no se puede contemplar en cifras son los estragos de la minería ilegal y el dolor de personas como María Lucía Merino, de 62 años.
Ella vive con su esposo y sus cuatro hijos en Chamico, en la parroquia Cumbaratza. Durante la inundación de hace un mes no fue la primera vez que su casa quedó bajo el agua: ya van cinco veces.
En su terreno, en la vía principal de la carretera Troncal Amazónica, tiene su casa y también su hija, aunque ella vive en Riobamba. Con las inundaciones, cada una perdió más de 10 000 dólares.
“La canchita nos sirvió de albergue porque por el agua no se podía pasar. Cuando empezó la minería destruyeron las riberas del río y los árboles. Ya no invertimos porque sabemos que el agua se lo lleva todo. Uno es viejo y debe tener sus cositas guardadas, pero no hay cómo. Lo mejor sería que se retiren y dejen remediando lo que más puedan”, comenta María, con resignación.
Esta historia no es la excepción en Zamora Chinchipe, sino la regla. Por eso, al analizar cómo solucionar los problemas relacionados a las actividades mineras ilegales, existen dos posturas: regularla o eliminarla.
Cléver Jiménez, ex prefecto de Zamora Chinchipe, cuenta a Vistazo y Mongabay Latam que las primeras máquinas llegaron en 2014 al río Zamora. Y aunque en ese entonces se conocía quiénes estaban delante de estas operaciones, no se hizo ningún control y la actividad solo fue incrementando.
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Para él, la solución es regularizar. De esa manera, se evitaría el impacto ambiental, se conocería con exactitud cuántos minerales salen de estas actividades y se obligaría a los dueños de los puntos de minería a pagar los impuestos correspondientes.
“El Estado se ha hecho a un lado. Ellos son los que han permitido que se desarrolle esta actividad de manera ilícita y al no tener control, ya existe un mercado oculto donde incluso se lavan activos y es muy posible que exista delincuencia. La pequeña minería y la minería artesanal realizada por gente honesta, en cambio, dinamizan la economía de la provincia. Si quieren eliminarla deben dar otra forma de vida al pueblo de la provincia y no perseguirlos como delincuentes”, plantea el exfuncionario.
¿La solución? Jiménez considera que debe realizarse una auditoría minera para regularizar a los pequeños mineros, entregarles áreas donde sí se puedan trabajar, prohibir zonas donde se generan estragos ambientales (como las riberas de los ríos), capacitarlos para que lo realicen bien y llevar el control de lo que sale para cobrar impuestos que le beneficien a la provincia.
Esto es algo con lo que coincide el alcalde del cantón Centinela del Cóndor. “No estamos en contra de la minería, pienso que es un polo de desarrollo para el país pero debe hacerse de manera ordenada sin desviar los cauces de los ríos y sin generar daños a terceras personas”.
Pero aquí entra otra discusión. Durante la visita de Vistazo y Mongabay Latam a varios cantones de la provincia, distintas ex autoridades y moradores denunciaron al equipo periodístico que funcionarios que deberían controlar alertaban antes de realizar los operativos para decomisar las maquinarias de la minería ilegal.
Por eso, cuando realizaban el monitoreo, no encontraban a nadie. Esto y la falta de acciones concretas responden, según los testimonios, a que algunos elementos tienen vínculos con las actividades de minería ilegal y que, incluso, cobran montos que van desde 1 000 a 2 000 dólares a cambio de dejar operar las maquinarias.
Pero esto no es algo que solo se escuche en la provincia. En un informe de las Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, publicado en mayo último, analizaron las irregularidades relacionadas con los minerales y allí mencionaron que en 2021 la OEA reveló una corrupción generalizada en la ARCOM y el Ministerio de Energía y Minas.
En esa investigación se indicó que los funcionarios participaron de forma recurrente en prácticas irregulares al otorgar permisos y concesiones mineras, a menudo a cambio de sobornos.
Vistazo y Mongabay Latam consultaron a la ARCOM si en algún momento desvincularon a algún funcionario por este tipo de prácticas y no obtuvo ningún pronunciamiento hasta el cierre de este reportaje.
Pero no todos creen que la solución está en regularizar la pequeña minería. Jimmy Tene, presidente de Zamaskijat, una organización provincial del pueblo quichua saraguro, cree que van a seguir existiendo problemas y que estas actividades, más allá de que sean reguladas o no, causan el mismo pasivo ambiental de desviar los ríos.
“Aún hay muchos terrenos donde se desarrollaban actividades agrícolas que siguen inundados y que representan una pérdida económica para las familias. Se evalúa que se perdieron más de 200 mil dólares y esto también genera un impacto a la soberanía alimentaria de la provincia”.
La afectación de la que habla no solo es ambiental. Cuenta que al no tener ingresos económicos muchas comunidades han percibido la minería como una ganancia inmediata: acceden a que se haga minería en su territorio, pero quedan peor que antes.
“Cuando se va la minería y se acaba el dinero, la comunidad queda con un alto índice de alcohol y consumo de drogas. Las tierras de las que dependían para hacer agricultura y sustentar a sus familias ya no las tienen. Eso genera migración, prostitución y niñas con embarazos prematuros”, explica.
Rosa, de 43 años, coincide con este punto de vista. Nació, creció y se crió en Chamico. Actualmente, es dueña de un minimarket en la zona. Recuerda que antes vivían tranquilos. Ella fue una de las personas que se oponía al ingreso de las maquinarias por temor a la destrucción.
El día de la inundación estaba fuera de su casa. Cuando regresó el caudal tapó hasta la vía de acceso. Cree que perdió entre 5 mil a 7 mil dólares de productos y animales, aunque prefiere no hacer cuentas porque sospecha que es mucho más.
Al preguntarle si eliminar la minería sería quitar el sustento económico de la provincia, cree que es una forma de justificar la ilegalidad. “Éramos 13 hermanos y nunca nos acostamos con hambre. Estudiamos a base de la agricultura y ganadería. Creo que nos han metido en la cabeza que si no hay minería, no hay trabajo y no hay qué comer. Pero hay otras formas de ganarse la vida. Solo que la minería es más fácil porque está en cada esquina”.
Historias como la de Rosa, que perdió los víveres de su tienda; doña Marina, que se quedó sin sus plantaciones de caña con la que compraba comida semanalmente; o incluso la de Luis, quien se pasó a la minería después de perder por completo sus cultivos de yuca y plátano, son el reflejo de una provincia donde sus habitantes viven a diario los efectos de un problema del que nadie parece hacerse cargo.
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