Hasta este martes, cuando fue derogado el proceso de regularización a través de la amnistía migratoria para venezolanos en Ecuador, 4.941 visas habían sido emitidas y aproximadamente tres mil se encontraban en fase de trámite.
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El Gobierno había implementado este mecanismo desde agosto del 2024 para conceder autorizaciones de permanencia a personas venezolanas en situación de movilidad y a sus grupos familiares que no obtuvieron un visado en procesos anteriores, pero que contaban con el Certificado de Registro de Permanencia Migratoria.
Cuando entró en vigencia, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) señaló que la iniciativa podía beneficiar a unas 100.000 personas en Ecuador, un país en el que se estima hay entre 450.000 y 500.000 venezolanos, y en el que en el 2023 la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) calculó que el 62% vivía bajo una condición migratoria irregular.
No obstante, según informó la Cancillería este jueves en un comunicado refiriéndose a la derogación, la reciente decisión del Gobierno de los Estados Unidos de suspender la asistencia internacional en tanto se evalúen y ajusten con la política exterior de la actual administración, afectó directamente el financiamiento destinado a dicho proceso de registro y regularización migratoria.
“La implementación del proceso de regularización migratoria dependía del financiamiento proporcionado por el Population, Refugees and Migration Bureau del Departamento de Estado de los Estados Unidos”, informó la certera de Estado, atribuyendo el cese del mecanismo a resoluciones de la administración de Donald Trump.
El recorte de fondos llevó a que la asignación de personal de apoyo en el Centro de Servicios Digitales, CESDI, unidad encargada de la gestión y emisión de visados digitales del proceso de regularización migratoria, sea suspendida, lo cual, a su vez, indica la Cancillería, llegó al Ejecutivo ecuatoriano a inclinarse por la derogación.
No obstante, se precisó que quienes ya cuenten con la visa de residencia temporal todavía tienen la posibilidad de renovación o prórroga de dos años, según lo estipula el artículo 62 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana.
Esta decisión también se dio días después de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que el país "no recibirá a migrantes deportados de otras nacionalidades" tras la decisión de Venezuela de no acoger a sus propios nacionales deportados desde Estados Unidos, medida que, dijo, "tiene impacto en toda la región".
Nicolás Maduro, mandatario de Venezuela, había expresado que la revocación de Washington de la licencia que tenía la empresa petrolera estadounidense Chevron para operar en el país caribeño "afectó" el acuerdo alcanzado con la administración de Donald Trump para repatriar a migrantes deportados.
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El líder chavista recordó que, tras un acercamiento con el enviado especial de Trump, Richard Grenell, el pasado 31 de enero, se habían logrado repatriar a 366 venezolanos desde Estados Unidos y Honduras. Sin embargo, aseguró que las sanciones impuestas por Washington han "creado ruido" en la coordinación de estos vuelos.
"Es de miserables y de una falta absoluta de empatía que un gobierno rechace a su propia gente. Así actúan los regímenes autoritarios y extremistas, sin importarles el destino de quienes huyen de la crisis que ellos mismos causaron", expresó Noboa la semana pasada.