Anticorrupción, segunda temporada
Carlos Rojas Araujo jueves, 23 mayo 2019 - 12:28
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El presidente Lenín Moreno llegó a la mitad de su mandato. Conduce un gobierno frágil ante un complejo desafío: evitar que el ajuste económico se derrame en impopularidad y que los sacrificios que no ha sabido comunicar como necesarios le hostiguen en los meses que le restan en el poder.
La incertidumbre por la economía y la transición política como cosa superada no son las únicas facetas sobre las cuáles hacer proyecciones hacia el 2021. El Gobierno decidió reinstalar en el debate público su compromiso por el combate a la corrupción con una interesante aceptación desde varios sectores de la opinión pública.
La conformación de esta Comisión de Expertos Internacionales de la Lucha contra la Corrupción hace que el voto por la transparencia, que siempre es motivo de decepción por la falta de resultados, despierte adhesión y esperanza. En un país con instituciones mal valoradas y poco confiables viene bien que un grupo externo sugiera planes de reforma legal y de cómo aplicar procedimientos óptimos y transparentes.
Lastimosamente, la orfandad que siente el país porque los peces gordos aún disfrutan de sus millones en una impunidad campante, puede hacer que la percepción sobre el papel de esta comisión se confunda. Su misión no será recuperar lo robado, lo han dicho con claridad, sino articular políticas y mejorar el clima de confianza entre gobierno, operadores judiciales y sociedad civil.
Dicha tarea le sigue perteneciendo a la Fiscalía y al sistema judicial, donde la Comisión sí puede tener una incidencia brillante. Tanto la fiscal Diana Salazar como la presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, van a evaluar a fiscales y jueces y así atacar el punto más débil de la corrupción: el capital humano. Los estándares sobre los cuales aplicar estos exámenes tienen que romper la dicotomía correísmo anticorreísmo, que lejos de generar una purga legítima politizó la batalla contra los corruptos.
Si la Comisión Internacional llega a certificar al Ecuador que los operadores de justicia evaluados y ratificados en sus cargos son gente proba, el aplauso nacional será sonoro.
El Gobierno, por su parte, no queda exento de esta cruzada. El apoyo político tiene que mantenerse hasta el final, así en este proceso se toquen las fibras sensibles. Si Moreno y sus principales colaboradores no permiten fiscalizar su gestión y abrir sus patrimonios, la impunidad no habrá terminado, simplemente que cambiará de receta: del arroz verde al arroz con curry.
Esta segunda temporada obliga a que la ciudadanía se levante del cómodo sofá desde donde critica a sus autoridades. La prédica empieza con el ejemplo y con empresarios dispuestos a no caer en el juego perverso del corruptor porque esa es la manera de hacer negocios con el Estado.
Ecuador tiene la posibilidad de plantearse un cambio radical y nuevos indicadores para vencer el delito de cuello blanco. Si vuelve a fracasar, Moreno no será el único que se lleve a su casa las culpas en el 2021.
