Puna: una historia de pobreza
Son las ocho de la mañana del viernes 24 de junio. En el mercado de la Caraguay, al sur de Guayaquil, el olor a pescado y marisco es penetrante. Miles de personas llegan para comprar alimentos.
Cerca del borde del río Guayas están los puestos de venta de cangrejos; es la zona más movida. Allí llegan decenas de vendedores y también quienes a diario arriban a Guayaquil desde pequeñas comunidades que pertenecen a Puná.
Cuando se habla de Puná se piensa solo en la isla que lleva ese mismo nombre y que es la cabecera parroquial, pero en realidad es una zona rural compuesta por varias islas más, entre esas Mondragón y Verde, que están incrustadas en el golfo de Guayaquil. Son más de 30 comunas, la mayoría no legalizadas, y todas con una similitud: la pobreza.
Nuestro guía es César Solano Gonzabay, guayaquileño como casi todos quienes viven o están relacionados a Puná. “Allá es difícil nacer, no hay hospitales. Toca venir a Guayaquil como se pueda”, dice con una sonrisa que solo se le quita cuando habla de las carencias de su parroquia. “Por suerte nosotros (sus hermanos y él) tuvimos otra oportunidad”.
La historia de César es fascinante. Sus padres son de la comuna Cauchiche, en la isla Puná; a mediados de la década del 50 su familia llegó a Guayaquil, donde nació César y donde tuvo las oportunidades que no habría tenido en Puná: fue marino mercante, recorrió el mundo trabajando en cruceros nacionales y extranjeros... “Me enamoré de una húngara en algún lugar del Caribe”, dice entre risas. Hoy esa húngara, Diana, es su esposa, con quien tiene una hija; de su primer matrimonio tiene otros dos hijos.
EN EL OLVIDO
Desenlaces como el de César no son comunes para quienes nacen en Puná, sobre todo en las comunas alejadas a la cabecera parroquial. Allí tener agua potable, luz eléctrica, recolección de basura o sobre todo recibir educación es realmente un lujo. “Este es un pueblo olvidado por todos”, asegura Ronny Holguín, de 39 años, quien vive junto a su esposa e hijos en la comuna Buena Esperanza; allí habitan otras 18 familias.
Lo más preocupante de ese lugar es la educación. Buena Esperanza, a diferencia de otras comunas, sí tiene escuela. Al centro educativo Gabriel García Moreno van cerca de 100 niños de esa comunidad y de zonas aledañas: Tamarindo, San Vicente 1 y San Vicente 2. Son cinco profesores de Guayaquil para el horario matutino y vespertino: desde los grados iniciales hasta tercero de bachillerato.
Sus jornadas deberían ser los cinco días entre semana, pero los profesores llegan los lunes o a veces martes por la tarde. Cuando visitamos la escuela eran las tres de la tarde y ya se habían ido; la escuela estaba totalmente vacía. “No entiendo cómo están dando clases. En la mañana solo hay dos profesores: uno con los pequeños y el otro con el resto de cursos”, explica Ronny.
Aunque en esa escuela pusieron a cinco profesores precisamente para dar una mejor distribución a los cursos, la realidad es distinta. Por ejemplo, los niños desde tercero de básica hasta séptimo están mezclados en un solo salón y los de primero a tercero de bachillerato estudian bajo la misma situación. Los contenidos educativos son los mismos cada año, y aunque los chicos avanzan en cursos, no avanzan en conocimientos.
Esto no es culpa de los maestros, dice Anna Vohlonen, experta en educación con dilatada experiencia en comunidades del país. “Los profesores que asisten a zonas más complejas deben ser mejor remunerados, pero eso no pasa”.
Algo comprobado en nuestra visita: para ir a Puná deben tomar lanchas por su cuenta, vivir donde puedan, comer lo que haya, y el salario no compensa las peripecias.
Lo más alarmante es que hay un gran porcentaje de deserción escolar porque los chicos no ven un futuro distinto en su horizonte. Por eso prefieren repetir la historia de sus padres: dejar los estudios para casarse y formar su propia familia o para dedicarse a la pesca o captura de cangrejos, y de esa forma ayudar económicamente en sus hogares.
Quienes se resisten a esa idea y quieren creer que sí hay un futuro más allá del tradicional, se estrellan en el intento. Es el caso de Jennifer Holguín, graduada en el período lectivo 2021-2022 en el centro educativo Gabriel García Moreno en Buena Esperanza.
Cuando culminó sus estudios solo le dieron un certificado, no el título oficial de bachiller. “No puedo inscribirme en la universidad porque no tengo el papel y desde mi ceremonia en marzo, paso en casa ayudando en lo que pueda”.
Al consultar con el Ministerio de Educación sobre esta problemática, nos dieron información general del proceso de culminación de bachillerato, mas no una respuesta exacta sobre los casos irregulares de estos graduados.
Por otro lado, también indicaron que realizaron una inversión de 313 mil dólares distribuidos en textos, uniformes, mobiliario, equipamiento y alimentación escolar en 23 unidades educativas de la parroquia Puná y sus alrededores.
En la zona de la isla Puná sí se identifican algunas de estas acciones (otras no); mientras en las islas aledañas, varias personas consultadas aseguraron que esa ayuda no ha llegado y que lo único que han recibido son los libros.
Esos no son los únicos obstáculos. En algunas comunas, recibir clases puede ser toda una aventura para los niños, pero la realidad es cruel. Por ejemplo, para que los niños de la comuna Tamarindo lleguen a la escuela de Buena Esperanza hay que atravesar el manglar, caminar sobre varias ramas encima del agua, agacharse, trepar y sobre todo aguantar a tus compañeros de travesía: los insectos. Y cuando se inunda la zona, simplemente no van.
Otra forma es ir en lancha, pero como no todos tienen una embarcación o un motor funcionando, el costo es de un dólar por persona por cada trayecto. Calcule: una familia con dos niños invertiría cuatro dólares diarios para enviar a sus hijos a clases, es decir, 20 dólares a la semana. Muchas de esas familias eligen entre enviar a los niños a la escuela o comer.
“En Ecuador he visto como en ciertas comunidades la situación es igual a países de África subsahariana”, menciona Vohlonen. Por eso no le sorprende conocer la realidad de Puná. ¿Afectaciones? “Es la continuación del círculo vicioso de pobreza y marginación”.
ESPERA ETERNA
Punta de Piedra es catalogada como una de las comunas “más privilegiadas” del golfo porque su asentamiento está a dos metros del agua y por eso no se inunda a diferencia de las comunas vecinas. Al llegar no hay un muelle de desembarque (como en casi todas las comunas); debes pegar la lancha junto a otro bote para hacer camino hacia la orilla.
Al subir la loma, dos apacibles ancianos saludan desde el portal de su casa en la calle Romero. De hecho la calle lleva el apellido de la familia. Son Blanca y Ciro, quienes con sus sonrisas muestran la calidez de la gente de la zona, aunque no pueden esconder su tristeza y preocupación. “Estamos los dos solitos. Mis nietas tuvieron que irse con el papá a otra comuna porque acá no hay víveres, colegio, ni dinero para trabajar. Queremos que activen la escuelita que está aquí para tenerlas con nosotros nuevamente, las estamos esperando con sus cuartitos listos todavía”, explica doña Blanca.
Aunque la falta de educación es una afectación directa hacia ellos, por no poder tener a su familia cerca, hay otras cosas por las que también piden ayuda. En varias comunidades de la parroquia Puná las necesidades son las mismas.
La mayoría no cuenta con un servicio de agua potable; para tener agua deben comprarle a las camaroneras, traer botellones en lancha desde Guayaquil, tener pozos o abastecerse de gabarras que pasan por la zona. Y la falta de dinero o el mínimo descuido pueden hacer perder esta oportunidad de compra y dejar desabastecida a toda una familia.
Quizá en la cabecera parroquial, es decir en la isla Puná, la situación es menos compleja. Según la Dirección de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales del Municipio de Guayaquil, en 2019 se implementó una planta de tratamiento de agua con tecnología de osmosis (proceso de eliminación de sal en el agua) que permite abastecer a cerca de seis mil habitantes de esta zona y en varias comunas principales.
Luego del tratamiento, el agua es almacenada en seis reservorios en la zona alta de Puná que se distribuyen a través de redes y guías domiciliarias con medidores.
Cuando se pregunta por las necesidades, el agua no es lo único. Los habitantes de estas comunas tampoco cuentan con energía eléctrica y los que sí tienen, son gracias a proyectos de empresas privadas que instalan paneles solares o de los propios comuneros que reúnen el dinero de lo poco que tienen para instalar generadores eléctricos a base de combustible. “Podría decirse que en la isla Puná tenemos necesidades, pero en las otras islas las necesidades son extremas”, manifiesta César Solano.
Esto lo confirma Agapito Risco, presidente de Punta de Piedra, una comuna a casi una hora del mercado de la Caraguay. “Tenemos una escuela que no está activa, traemos el agua por lancha, las brigadas médicas nos visitan una vez al mes, y cuando hay eventualidades como el paro de hace poco, los precios de los víveres se nos disparan porque hay que pagar el incremento del precio del producto y del transporte”.
Risco además es presidente de la Unión de Cangrejeros del Golfo. Ser cangrejero, en Puná, es sinónimo de abundancia. “Cuando se vende un atado al menos ya hay para cocinar algo”, explica.
En abundancia también se observa la basura, acumulada en las partes posteriores de todas las casas. “Ya no se arroja al agua pero solo nos toca quemarla. Nadie viene a retirar los desperdicios”. Esto es algo reiterado en toda Puná y el problema es cuando sube el caudal del río y se lleva toda la basura hacia el agua.
Al consultarle al Municipio de Guayaquil sobre estas situaciones, ya que Puná es parte del cantón, nos mencionaron que han realizado un sinnúmero de ayudas en la cabecera parroquial pero en otras zonas “sí es frustrante no poder actuar más porque no tenemos las competencias”, explican sus voceros.
Las comunas, al ser territorios ancestrales, deben realizar trámites de legalización con el Ministerio de Agricultura y Ganadería(MAG) y así obtener certificados de posesión. Con estos sí pueden firmar convenios con el Municipio para cederle ciertas competencias.
“Pero cuando recibimos sus pedidos y les solicitamos estos requisitos, la mayoría no los tiene. Y si no tenemos un convenio, Contraloría no nos deja subir los contratos para obras”.
Hoy, según el MAG, hay ocho comunas legalizadas y una en proceso, pero más allá de eso, explican que “no existe normativa alguna que indique que una comuna (sea cual sea su estatus) no pueda acceder a servicios básicos, infraestructura y demás beneficios del Gobierno Nacional, si no posee título de propiedad de sus tierras y territorios”.
La situación de Puná va más allá de una respuesta de una institución pública en específico. Pese a que en Guayaquil hay zonas con problemas y también en el resto de la provincia del Guayas, saber que hay comunidades realmente aisladas de la sociedad con necesidades extremas y que no evolucionan en el tiempo es crítico. Pareciera que cualquier cosa que se ha hecho hasta ahora, no ha servido de mucho.
