Diana Salazar asumió el cargo de Fiscal General del Estado en 2019 y hoy, martes 20 de mayo acaba de anunciar su retiro. En su lugar queda el fiscal subrogante Wilson Toainga que ha estado a su lado durante todos estos años y es de su confianza, a falta de un un reemplazo porque el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) no ha elegido un nuevo Fiscal.
Han pasado poco más de seis años desde que 8 de abril de 2019 se posesionaba ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Para entonces Diana Salazar Méndez aún no cumplía 38 años de edad. Tres años antes, en 2016, como fiscal de la Unidad Antilavado de Activos, Salazar había investigado la trama de corrupción detrás de la cúpula del fútbol. Luego dirigió la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
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Como Fiscal General investigó a altos funcionarios, incluyendo presidentes, desde Rafael Correa, con el caso Sobornos, por el cual fue sentenciado junto al exvidepresidente Jorge Glas y otras figuras del correísmo. A Lenín Moreno, con el caso Sinohydro, que sigue en investigación. A Guillermo Lasso, por el caso Flopec, aunque la Justicia acaba de declararlo inocente. No se sabe si a Daniel Noboa le haya abierto una investigación.
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Aplaudida por muchos por su valentía de enfrentarse al poder político y al narcotráfico, y cuestionada por otros que consideran que las investigaciones han sido selectivas. Diana Salazar, oriunda de la provincia de Imbabura, podía prorrogarse en funciones por más tiempo, hasta que haya un nuevo o nueva Fiscal. Pero decidió retirarse.
En abril pasado, cuando cumplió seis años en el cargo, Salazar habló en exclusiva con Vistazo y dijo se retiraría con la satisfacción del deber cumplido. Ganó varios premios internacionales. “No somos un equipo inmenso, sino pocos los que estamos todo el tiempo trabajando, peleando no solo contra el crimen organizado, la corrupción y el narcotráfico, sino contra grandes billeteras, lo hacemos seguros de que tenemos la verdad procesal de nuestro lado”, acotó
Al ser consultada por Vistazo sobre los casos que le marcaron en estos seis años, respondió:
“Me gustaría referirme a tres casos específicos que marcaron mi gestión, porque tienen un punto en común: los implicados eran considerados símbolos de la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos; los casos Sobornos, las Torres y Defensor del Pueblo.
“Procesar a un expresidente de la República, a un Contralor General y a un Defensor del Pueblo –ambos en funciones– por cohecho, delincuencia organizada y abuso sexual, respectivamente, fueron grandes desafíos".
“El primer reto fue asimilar, en lo personal, la magnitud de los delitos que se habían cometido. Es impactante enfrentarse a la realidad de que quienes estaban llamados a velar por el bienestar de la población y la institucionalidad del Estado, en realidad, solo protegían sus propios intereses. Luego vino otro punto crítico: la reacción de los procesados. Para evitar la justicia y conservar su poder, desplegaron campañas mediáticas agresivas, invirtiendo recursos para desprestigiar el trabajo de la Fiscalía y sembrar dudas en la opinión pública. Para refutar la investigación, recurrieron a ataques personales y una guerra psicológica para debilitarnos".
“En el caso del Defensor del Pueblo la situación fue más compleja por la naturaleza del delito. El contenido de las audiencias y de las pruebas no podía hacerse público; el sentenciado ha tratado de instalar la idea de que su caso fue una persecución, aunque tiene una condena".
“En los casos Sobornos y Las Torres, la impunidad los cobija; a pesar de las sentencias, los principales responsables están en libertad.”
Aunque en los tres casos mencionados, Salazar se enfrentó al poder político, el caso más crucial de los últimos años fue Metástasis. La investigación inició tras la muerte del narcotraficante Leandro Norero, quien fue asesinado en la cárcel de Latacunga. Tras el decomiso de sus celulares, se halló una red criminal que vinculaba a políticos, jueces, militares y policías con Norero.
En este caso, por ejemplo, fueron sentenciados el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, el exdirector Antinarcóticos y exdiretor del SNAI en el gobierno de Guillermo Lasso, Pablo Ramírez, entre otros. Pieza clave fue Mayra Salazar, quien se acogió a la cooperación eficaz para develar toda la red criminal de Norero. Tambié fu procesado el exasambleísta del correísmo Ronny Aleaga pero se fugó a Venezuela.
De Metástasis se deprendieron otros casos como Purga y Plaga. En el primero, por ejemplo, es procesado el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes.