Fiscal Diana Salazar celebra fallo que inhabilita a Priscila Schettini por violencia política de género
Sin mencionar mayores detalles del proceso, la fiscal agradeció a la abogada Cecilia Espinoza, quien la representó en la demanda.
[¡Estamos en WhatsApp! 📲 Empieza a seguirnos ahora🚀]La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, se pronunció este lunes 12 de mayo en redes sociales sobre la sentencia que inhabilitó políticamente a la asambleísta electa Priscila Schettini por violencia política de género, aunque evitó mencionarla directamente.
“Esta sentencia es un precedente para que las mujeres perdamos el miedo a asumir grandes responsabilidades y a tener la certeza de que, ante ataques ruines, podemos alzar la voz y alcanzar la justicia”, afirmó Salazar en su publicación.
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Sin mencionar mayores detalles del proceso, la fiscal agradeció a la abogada Cecilia Espinoza, quien la representó en la demanda, y sostuvo que fue blanco de ataques por parte de personas que “dedicaron todos sus recursos a atacar mi condición de mujer en un puesto de decisión para evitar que cumpla mis funciones”.
El pasado 9 de mayo, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó la suspensión de los derechos políticos de Schettini por tres años, además de una multa equivalente a 50 salarios básicos unificados (USD 22.500), ya comunicada al Ministerio de Trabajo.
La resolución judicial señala que Schettini, asambleísta nacional electa por el movimiento Revolución Ciudadana, incurrió junto con la abogada Angélica Porras en expresiones despectivas y racistas hacia Salazar, mediante publicaciones en redes sociales que incluyeron hashtags ofensivos.
Desde el movimiento político correísta al que pertenece Schettini se rechazó la resolución del TCE, argumentando que se trata de una persecución política.
“Ni la fiscal general ni sus jueces de bolsillo del TCE podrán quitarme la dignidad de ser la representante legítima del pueblo ecuatoriano”, ha manifestado la asambleísta electa.
Asimismo, Schettini anunció que este lunes acudirá a la Corte Constitucional para presentar una demanda por inconstitucionalidad en contra de la sentencia, alegando que vulnera el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantiza el derecho a participar en los asuntos públicos.
“La lucha nunca ha sido fácil, pero rendirnos no es opción. La democracia se tiene que respetar”, expresó.
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