TCE ratifica sanción contra Priscila Schettini e impide que asuma como asambleísta
La suspensión de derechos políticos por 3 años y la multa de 22.500 dólares contra la legisladora electa de Revolución Ciudadana ya constan en el Ministerio de Trabajo.
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó este 9 de mayo la suspensión de los derechos políticos por tres años de Priscila Schettini, quien es asambleísta nacional electa por Revolución Ciudadana. La sanción incluye una multa de 50 salarios básicos unificados, que equivalen a 22.500 dólares y fue comunicada al Ministerio de Trabajo.
La medida se fundamenta en una sentencia que declaró a Schettini responsable de violencia política de género con connotaciones racistas contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar. El TCE determinó que Schettini y la abogada Angélica Porras realizaron comentarios despectivos y con connotaciones racistas hacia la fiscal Salazar, incluyendo el uso de hastags en redes sociales.
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A pesar de la sanción, Schettini acudió a la Asamblea para presentar sus documentos y reclamar su curul. Sin embargo, su inhabilitación ya consta en el Ministerio de Trabajo, lo que impide su posesión como legisladora en el nuevo periodo que inicia el próximo 14 de mayo.
Su reemplazo en la Asamblea
Tras la ratificación de la sanción, Schettini expresó en redes sociales que fue electa por el pueblo ecuatoriano como asambleísta nacional de Revolución Ciudadana y que "ni la Fiscal General ni sus jueces de bolsillo del TCE podrán quitarle la dignidad de ser la representante legítima del pueblo ecuatoriano".
El movimiento Revolución Ciudadana respaldó a Schettini, cuestionó la decisión del TCE y señaló que se trata de una persecución política. Incluso, el expresidente Rafael Correa fue uno de los primeros en expresar su apoyo a la legisladora sancionada.
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Ante la inhabilitación de Schettini, Santiago Díaz Asque, quien figura como su suplente en la lista oficial del Consejo Nacional Electoral, asumirá la curul en la Asamblea Nacional. Díaz ha sido identificado como operador político de la Revolución Ciudadana y ha ocupado varios cargos públicos que lo vinculan con el correísmo desde 2007.
En 2018 fue investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE) por su presunta participación intelectual en un caso de tortura contra el periodista Alfonso Pérez. Sin embargo, este proceso no ha derivado hasta el momento en una sentencia.
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