La principal implicada en esta sanción es Estefanía Molina, responsable del manejo económico de la Revolución Ciudadana (RC) en 2023, pero el TCE incluyó a González y Arauz como "responsables solidarios".
En un comunicado, la Revolución Ciudadana argumentó que la "intención" de esta medida es "impedir" que participen con su "casillero en las próximas elecciones locales".
