Caso Apagón: 19 de 21 implicados recibieron prisión preventiva por presunto peculado

El juez Vinicio Rodríguez dictó prisión preventiva para 19 de los 21 procesados por presunto peculado en el denominado caso Apagón, que indaga los fallidos contratos con la empresa estadounidense Progen, los cuales habrían causado un perjuicio al Estado de USD 104 millones.

La mañana de este viernes, 22 de mayo, se reinstaló la audiencia de formulación de cargos. El objetivo principal de la diligencia era resolver la situación jurídica de los sospechosos, ya que en días anteriores el Ministerio Público explicó la implicación de cada uno.

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Luego de haber analizado los elementos de convicción, el magistrado dictó prisión preventiva para 19 personas, entre ellos el exministro de Energía, Antonio Goncalves, y el exviceministro, Fabián Calero, quienes son acusados como autores de presunta malversación de fondos públicos.

La misma medida rige para los cuatro integrantes de la comisión de estudio de mercado dentro del caso Progen. Se trata de Marco Vinicio Poma, Marco Antonio Chicaiza Santos, Romel Patricio Llumiquinga y Javier Lasluiza Navarrete.

También, tienen prisión preventiva los representantes de Progen, Andrew Scott Williamson y Karla Saud. Para ellos, el juez dictó notificación roja de Interpol para localizarlos.

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Solo dos procesados. Byron Orozco, exgerente de Termopichincha, quien firmó los contratos con Progen, obtuvo arresto domiciliario y uso de grillete electrónico.

Previamente, presentó un certificado oncológico en el que detalló que fue diagnosticado con cáncer y requería controles médicos permanentes.

Asimismo, César Toledo Zapata, exsubgerente financiero, quien integró las dos comisiones técnicas que recomendaron a Progen, recibió prohibición de salida del país y presentaciones periódicas.

Él no habría intervenido directamente en la contratación, sino que participó con voz y sin voto en el proceso.

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Todo empezó a finales del 2024 cuando el país soportó una fuerte crisis energética que provocó varios racionamientos de electricidad a causa, entre otros factores, de la sequía de los ríos que alimentan sus principales centrales hidroeléctricas.

Entonces, el Gobierno declaró una emergencia eléctrica para acelerar los procesos de contratación de energías alternativas a las hidroeléctricas. En ese contexto, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec-EP) firmó contratos con la empresa estadounidense Progen para instalar dos plantas termoeléctricas: Salitral y Quevedo.

Pero esos equipos nunca llegaron a operar. Luego, se descubrió que eran obsoletos e incompatibles con el sistema eléctrico del país. Mientras tanto, la Contraloría determinó que los contratos causaron un perjuicio económico al Estado de unos USD 104 millones.

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Es así como se inició una investigación en la Fiscalía y esta semana llegó a la etapa de formulación de cargos. El Ministerio Público sostiene que hubo un pago anticipado del 70% a la empresa estadounidense Progen, pese a las deficiencias del proceso de contratación y los equipos.

Por su parte, Antonio Goncalves y Fabián Calero, los principales implicados, han rechazado las acusaciones y han pedido que se haga una trazabilidad del dinero proporcionado a Progen.

Mientras tanto, el presidente Daniel Noboa se refirió al caso en una carta al país en la que abortó varias polémicas de su mandato.

Y es que en la investigación de Fiscalía no constan ni Roberto Luque ni Inés Manzano, quienes también fungieron como ministros de Energía. Los dos han reiterado que no participaron en ninguna fase de la contratación a Progen.