La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha definido como un "duro revés para la libertad de expresión en Ecuador", una de las 15 enmiendas constitucionales, aprobadas este 3 de diciembre de 2015; que concede al Estado la propiedad y la potestad de regular a la información como un servicio público.
A través de un comunicado colgado en su sitio web, la SIP dice que esta figura —ya contemplada en la Ley de Comunicación, vigente desde 2013— "es usada por el gobierno del presidente Rafael Correa como instrumento de presión y censura".
Según el presidente de la SIP, Pierre Manigault, el gobierno ecuatoriano los ha sorprendido nuevamente, "aplicando una vuelta más del torniquete contra la libertad de prensa y de expresión". Agregó que de esta forma, el gobierno de Ecuador "se arroga la potestad y el poder de conceder o no el derecho del público a la información, un derecho humano que no le pertenece a la autoridad sino al pueblo, como rezan los principios internacionales tal como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también la Declaración de Chapultepec".
El el comunicado también se incluye la opinión de Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director del semanario Búsqueda de Uruguay.
Para Paolillo, "darle al Estado el poder de determinar que se trata de un servicio público, como un equivalente a otros servicios estratégicos como pueden ser el del agua, la electricidad, la salud o la seguridad pública, demuestra claramente que el gobierno se arroga para sí la posibilidad, por razones de su entera conveniencia, de controlar la información".
Además, la SIP se sumó a la opinión del observatorio Fundamedios, que calificó la reforma como "un grave retroceso y vulneración al derecho a la libertad de expresión".