La Sala de la Corte Provincial del Guayas aceptó el recurso de apelación presentado el pasado 11 de febrero por la entonces ministra del Interior, Monica Palencia, y el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, para revocar una sentencia de habeas corpus que reconocía la existencia de una desaparición forzada bajo la responsabilidad del Estado ecuatoriano en el caso “Las Malvinas”.
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La causa se centra en el asesinato de los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, junto a sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11. Todos eran residentes del barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil. Su rastro se perdió el pasado 8 de diciembre, tras ser detenidos por militares debido al presunto cometimiento de un robo. Luego de unas semanas de búsqueda, sus cadáveres fueron encontrados en la parroquia rural de Taura.
El abogado de los familiares de los menores, Fernando Bastias, adelantó este martes que se activarán “acciones legales respectivas” ante la Corte Constitucional y señaló que la resolución “no influye en lo absoluto en el proceso penal en contra de los militares procesados”, quienes se encuentran encarcelados provisionalmente.
La declaración de desaparición forzada bajo responsabilidad de Estado fue emitida por la magistrada Tanya Loor en diciembre del año pasado, por medio de un habeas corpus presentado por los padres de los niños cuando la búsqueda por su paradero seguía en curso. Lo hicieron tras varios días de no observar avances dentro de la investigación emprendida por el Gobierno.
“La búsqueda de la justicia es un camino que estamos dispuestos a seguir contra corriente. Ni el presidente ni su actual gabinete que busca impunidad en el caso, lo detendrá”, declaró el letrado a través de su cuenta en la red social X.
El pasado 9 de mayo, al concluirse la etapa de construcción fiscal dentro del caso, un magistrado convocó la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra los 17 militares implicados en los hechos para el próximo 27 de mayo de 2025, a las 14h00, en la Unidad Judicial Penal Sur de Guayaquil.
En esta audiencia también se conocerán, por el principio de concentración, las solicitudes de sustitución, revisión, revocatoria, suspensión de medidas cautelares y de protección presentadas por los procesados.
Este proceso penal involucra a 17 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), entre ellos el teniente coronel Juan Francisco I. M., quien fue el último en ser vinculado a la causa.
Cinco de los procesados han accedido a cooperación eficaz y participaron en la reconstrucción de los hechos.
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Allí, relataron diversas agresiones cometidas contra los menores en tres puntos específicos: la vía Durán-Tambo, un tramo cercano al peaje de esa carretera, y un camino de tercer orden en la parroquia Taura. En esta última zona indicaron el lugar donde los menores fueron abandonados, golpeados, desnudos, pero aún con vida.