La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó este miércoles de un nuevo "sistema de control" y "censura previa" en Ecuador por los lineamientos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de ese país para coordinar y acreditar a periodistas con base en su línea editorial.
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La organización, con sede en Miami, expresó en un pronunciamiento su "profunda alarma" al considerar que las reglas del Ejército ecuatoriano "condicionan el acceso de los medios y periodistas a la información pública en función de su línea editorial, de su cobertura histórica o de su postura".
La agrupación citó reportes de medios ecuatorianos como Ecuavisa, que reveló el martes que el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado, habría ordenado el 28 de enero a los comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea evaluar a los periodistas para cualquier cobertura.
El reportaje asegura que, en un oficio, Delgado también dispuso que se "evite la acreditación de medios y comunicadores que mantengan una posición contraria, que a su juicio, perjudique la imagen institucional", además de asignar puntajes a las publicaciones y clasificarlas como "afines, neutrales o críticas".
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, advirtió de que "ninguna entidad del Estado puede erigirse en árbitro de la prensa ni decidir qué medios o periodistas son aceptables en función de su enfoque o posición editorial".
La condena de la SIP se suma a la otras organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW), cuya directora para las Américas, Juanita Goebertus, denunció este martes que los nuevos parámetros "atacan la libertad de expresión e información".
Mientras la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) consideró que "constituye la imposición de un inaceptable estado de censura previa incompatible con una sociedad democrática".
El último informe sobre libertad de prensa de la SIP en Ecuador advirtió de que el "ecosistema mediático se vio marcado por graves violaciones a la libertad de prensa", y que "funcionarios del gobierno de Daniel Noboa utilizaron las redes sociales y los canales oficiales para atacar a periodistas y medios".
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También documentó agresiones físicas y amenazas de muerte contra periodistas que investigan al crimen organizado, así como el hostigamiento judicial, persecución y discursos estigmatizantes de autoridades del Estado contra medios críticos.