Annabella Azin propone reforma para evitar quiebra de ‘empresas viables’ y proteger empleos
Azin reiteró que el objetivo es evitar que empresas con posibilidades reales de recuperación desaparezcan por falta de herramientas legales adecuadas.
La asambleísta Annabella Azin presentó en la Asamblea Nacional un proyecto de ley que busca reformar el régimen concursal ecuatoriano para permitir la reorganización de empresas viables que atraviesen dificultades financieras.
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La iniciativa, denominada Proyecto de Ley de Concurso Preventivo para el Fortalecimiento de la Continuidad Empresarial, apunta a crear mecanismos legales que faciliten acuerdos entre compañías y acreedores antes de que las empresas entren en procesos de cierre o liquidación.
Según la propuesta, las compañías que enfrenten insolvencia actual o inminente podrían acogerse a procesos de reorganización financiera y operativa para continuar funcionando y preservar puestos de trabajo.
En el Palacio Legislativo, Azin sostuvo este jueves que Ecuador necesita “normas modernas” que permitan responder de manera preventiva a las crisis empresariales y proteger la economía nacional.
Entre las herramientas contempladas en el proyecto constan la suspensión temporal de cobros y ejecuciones, acuerdos de reorganización, concordatos, financiamiento posterior al inicio del proceso concursal y procedimientos abreviados.
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La propuesta también incluye mecanismos de acuerdos previos a una etapa formal de insolvencia, con el objetivo de facilitar negociaciones tempranas entre empresas y acreedores.
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la protección del empleo. El texto establece un tratamiento prioritario para los créditos laborales, conforme a la Constitución y la normativa vigente.
Asimismo, el proyecto diferencia entre empresas recuperables y compañías inviables. Mientras las primeras podrían acceder a mecanismos de reorganización, las segundas entrarían en procesos ordenados de liquidación.
Reforma busca reducir impacto económico de insolvencias
De acuerdo con la legisladora, el nuevo mecanismo permitiría reducir costos asociados a la insolvencia empresarial, mejorar la seguridad jurídica y facilitar el acceso a financiamiento.
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La iniciativa también apunta a estimular el emprendimiento y mantener activos a operadores económicos considerados estratégicos para la producción y el empleo.
El proyecto toma como referencia estándares y modelos internacionales sobre insolvencia y reorganización empresarial, especialmente aquellos desarrollados por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.
Azin reiteró que el objetivo es evitar que empresas con posibilidades reales de recuperación desaparezcan por falta de herramientas legales adecuadas para enfrentar períodos de crisis financiera.
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