Caso Triple: Aquiles Álvarez asegura que no puede portar un grillete electrónico porque padece problemas cardíacos
El alcalde de Guayaquil es investigado por presuntamente participar, hasta un grado no definido, dentro de una supuesta estructura de almacenamiento, comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos.
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien recibió medidas cautelares el pasado 10 de abril tras ser vinculado a una presunta trama de comercialización ilegal de hidrocarburos, pidió al juez que lleva la causa, Renán Andrade, no verse forzado a portar un grillete electrónico, al asegurar que sufre problemas cardíacos.
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En un escrito enviado al magistrado el pasado 11 de abril, pero al que accedió la prensa este jueves, el burgomaestre precisa que sufre de "hipertensión arterial sintomática y taquicardia paroxística". Además, afirmó que iniciará un "tratamiento vasodilatador anti-hipertensivo" y que, por ello, su cuadro médico haría que el uso de aquel dispositivo sea perjudicial para su salud.
En el documento, la defensa del alcalde reitera que se solicitó para el próximo 27 de mayo una audiencia con la finalidad de revisar las medidas alternativas a la prisión preventiva que dictó el juez Andrade en la última audiencia que abordó el caso referido, denominado por la Fiscalía General del Estado como Triple A.
El pedido de encarcelamiento preventivo contra Alvarez, quien ha asegura ser víctima de persecución política por parte del Gobierno de Daniel Noboa, fue realizado en la audiencia de vinculación del pasado 10 de abril por el fiscal que lleva el caso, Carlos Alarcón.
"El fiscal ha pedido prisión preventiva sin argumento alguno, sin elementos de convicción. Está grabado y en su momento el país conocerá y verá el mamotreto que se ha armado", dijo entonces.
¿Qué es el Caso Triple A?
La investigación tuvo como base en una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en la que se informaba sobre una irregular distribución y comercialización de combustibles, que provocaría un perjuicio al Estado ecuatoriano, ya que existirían diferencias considerables entre el volumen de combustible despachado y el facturado por varias estaciones y empresas.
Inicialmente, el Ministerio Público investigaba a cinco personas naturales (Fernando V., José C., Lady C., Jessenia V. y Carolina T.) y cinco jurídicas (Fuelcorp, Copedesa, Corpalubri, Ternape Petroleum e Indudiesel) por presunto almacenamiento, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos. De hecho, Copedesa es una empresa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y su familia.
Según la Fiscalía, existiría una relación de las empresas investigadas con otras distribuidoras de combustible, entre las que se comercializaron grandes cantidades de combustible, sobre todo diésel. En dichas transacciones se hallaron presuntas irregularidades.
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Agrega que varias de las estaciones que adquirieron el combustible se encuentran en zonas fronterizas y mineras, por lo cual, se presume que el diésel subsidiado habría sido desviado a otros segmentos, para los cuales no está destinado ese beneficio.
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