Además de las detenciones, las fuerzas de seguridad dieron a conocer sobre incautaciones de droga y detenciones de personas vinculadas a actividades de minería ilegal.
La Corte consideró que "es fundamental la activación de los mecanismos institucionales de monitoreo", con "el fin de que exista una adecuada supervisión en materia de derechos humanos".
La intervención se produce en medio del estado de excepción y del toque de queda nocturno vigente entre el 15 y el 30 de marzo en varias provincias, entre ellas Guayas.
El ministro destacó que, en esta jornada se hicieron golpes importantes, destrucciones, detenciones y sobretodo una gran afectación contra la economía criminal.
Reimberg anticipó que se dispondrán interrupciones del suministro en puntos específicos de zonas consideradas como críticas para combatir estructuras criminales.
Esta disposición se enmarca dentro de lo que el Gobierno ha definido como "una nueva fase" de la "guerra" contra las organizaciones criminales, declarada en 2024 por el presidente Daniel Noboa.
