En el nuevo estado de excepción decretado por el presidente de la República, Daniel Noboa, se establecieron una serie de medidas extraordinarias que entraron en vigencia desde este martes 16 de junio en diez provincias y tres cantones del país.
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Bajo el argumento de una 'grave conmoción interna', el Gobierno incluyó en la declaratoria a las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay, además de los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) y La Troncal (Cañar), según consta en el decreto ejecutivo.
En el presente Decreto Ejecutivo, Noboa no incluyó la medida de toque de queda en ninguna localidad, como en anteriores ocasiones.
El mandatario apuntó que el estado de excepción tendrá una vigencia de sesenta días.
Noboa incluye varias medidas en el estado de excepción
En el documento, el Ejecutivo sostiene que, si bien la intervención del Estado a través del Bloque de Seguridad ha permitido reducir la capacidad de las organizaciones criminales y contener temporalmente los niveles de violencia, el retorno al régimen ordinario "resulta insuficiente" para mantener el control.
Según el decreto, los grupos delictivos han demostrado una constante capacidad de adaptación, reorganización y reconfiguración de sus operaciones.
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Como parte de las medidas que se llevarán a cabo, el presidente Noboa incluyó la suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio, que permitirá a las fuerzas de seguridad -Policía Nacional y Fuerzas Armadas- la realización de allanamientos inmediatos.
Para su ejecución, el Ejecutivo puntualizó que estos allanamientos se realizarán cuando existan indicios "objetivos y razonables" de que en el interior de un inmueble se oculten integrantes de grupos de delincuencia organizada, o se encuentren armas, municiones, explosivos, sustancias sujetas a fiscalización u otros objetos que constituyan un delito.
Sobre la suspensión del derecho a la inviolabilidad de correspondencia, el Gobierno argumentó que esto permitirá la identificación, análisis, recopilación de información pertinente e indispensable para prevenir o neutralizar amenazas.
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Por último, el presidente ordenó la requisición temporal de bienes y servicios de origen lícito que resulten estrictamente necesarios para garantizar la continuidad de las operaciones de las fuerzas de seguridad.
Al respecto, el Gobierno dice que se garantizará la devolución de los bienes no fungibles una vez satisfecha la necesidad o al término del estado de excepción; o, indemnizando el servicio o bienes requisados.
Para el cumplimiento del estado de excepción, se dispuso el empleo e intervención de las Fuerzas Armadas en coordinación con la Policía Nacional en estas diez provincias y tres cantones, con el fin de precautelar la protección interna, así como para prevenir, contrarrestar o neutralizar cualquier actividad criminal o delincuencia.
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