La exministra de Ambiente y Energía aseguró que los contratos con Progen fueron suscritos antes de su llegada al cargo y afirmó que colaborará con la Fiscalía.
La bancada correísta calificó de “repugnante” la decisión de la Comisión de Fiscalización de no dar paso al trámite de enjuiciamiento político contra la exministra de Ambiente y Energía.
La entrega del señalado en las investigaciones en torno a la adquisición de generadores para Quevedo y El Salitral se realizó en el puente internacional de Rumichaca.
El funcionario también comentó que la ruta del dinero recibida por Progen será pública tras una investigación en Estados Unidos, donde hay más empresas implicadas.
La Fiscalía relató una serie de irregularidades alrededor del proceso de contratación de Progen, lo que derivó en la llegada al país de equipos viejos.
Un técnico de la Corporación Eléctrica del Ecuador habría entregado un informe a funcionarios de alto rango advirtiendo sobre irregularidades e inconsistencias sobre los generadores que el Estado ecuatoriano adquirió de Progen. Así lo denuncia su abogado, Edwin Romero.
Además, recuerda que el viaje fue antes de que Celec EP declarara emergencia y antes de que existiera cualquier procedimiento emergente de contratación.
Sin embargo, indica que el Ministerio Público quiera formularle cargos pretendiendo convertirlo "en el ‘culpable elegido’ para encubrir intereses políticos”.
Según el exfuncionario, “existen intereses oscuros” en los mandos medios de Celec y otras empresas públicas que estarían detrás de las irregularidades.
El ministro de Transporte asegura que no fue incluido en la formulación de cargos y afirma que no se hallaron indicios de irregularidades en su contra.
Se investigan las irregularidades en la contratación de generación térmica entre la Corporación Eléctrica del Ecuador y la empresa estadounidense Progen.
