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Exministro Antonio Goncalves niega implicación en caso Apagón y pide al FBI rastrear los pagos a Progen

Según el exfuncionario, “existen intereses oscuros” en los mandos medios de Celec y otras empresas públicas que estarían detrás de las irregularidades.

El exministro de Energía, Antonio Goncalves, aseguró que su nombre no aparece en la investigación de la Fiscalía por presunto peculado en el marco del caso ‘Apagón’, que indaga los fallidos contratos efectuados entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y Progen.

En entrevista con el periodista Andrés López, el exfuncionario confesó que “fue una gran sorpresa” conocer que el Ministerio Público pretende formularle cargos como uno de los principales implicados en la trama de corrupción desarrollada durante la crisis energética del 2024.

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“No solo porque soy inocente, sino porque durante los 10 meses de la investigación, después de 25 mil páginas, más de 50 testimonios, tres informes de Contraloría, no se menciona mi nombre absolutamente para nada”, recalcó Goncalves.

Agregó que rindió personalmente su versión en Quito y puso a disposición de la Fiscalía toda su información financiera.

“No es normal que, sin ningún tipo de prueba, salga una noticia de estas en un momento delicado de la investigación”, acotó.

Añadió que nunca se entrevistó con “ningún personero de Progen” porque cuando asumió como ministro de Energía ya se había elegido al contratista y Celec estaba negociando la firma del contrato.

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$!Fotografía tomada en una planta de generación eléctrica que Progen estaba instalando en la ciudad de Quevedo.

Pidió la intervención del FBI y Fincen

Adicionalmente, Goncalves dijo que solicitó a la Fiscalía de Ecuador, al Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) y a la Red de Control de Delitos Financieros (Fincen) que hagan la trazabilidad de los pagos efectuados por el gobierno del Ecuador a Progen.

Esto debido a que, según el exministro, “existen intereses oscuros” en los mandos medios de Celec y otras empresas públicas que estarían detrás de las irregularidades.

“Ellos quieren que esto devenga en algo contra otra persona para que toda la gente vea a otro lado y ellos sigan con lo suyo”, señaló.

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Además, recordó que existen dos denuncias en Estados Unidos por el caso Progen: una fue puesta por el propio gobierno de Daniel Noboa, a través de Celec, en contra de la empresa y esta a su vez contrademandó a Celec.

En esas investigaciones de la justicia norteamericana, Goncalves dijo que tampoco aparece su nombre como uno de los implicados.

Finalmente, subrayó que cuenta con 36 años de experiencia en varias instituciones, en las que desarrolló una reputación de honestidad e integridad. “No se hace un pillo en tres meses”, señaló el exministro al recordar el tiempo en que estuvo al frente del Ministerio de Energía.

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$!El exministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves, podría ser procesado por el caso Apagón.

El caso Progen o Apagón

La Fiscalía pidió que se fije fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos en contra de 21 personas por el presunto delito de peculado.

Entre los principales implicados figuran el exgerente de Celec, Fabián Calero, y el exministro de Energía, Antonio Goncalves.

Por su parte, Roberto Luque, quien también fungió como ministro de Energía en esa época, no consta entre los procesados porque, según explicó en un comunicado, “no se evidenciaron indicios de irregularidades” en su contra.

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Este caso surgió en medio de los apagones que vivió Ecuador en el 2024, lo que obligó al Gobierno a declarar una emergencia en el sistema eléctrico.

Con ello, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y la empresa estadounidense Progen Industries LLC suscribieron contratos para la generación de energía térmica. La idea era que la compañía instale dos estaciones en El Salitral, en Guayaquil, y Quevedo, en la provincia de Los Ríos, pero estas no llegaron a operar.

Posteriormente, la Contraloría identificó irregularidades en la planificación, adjudicación y ejecución contractual. Además, la entidad calcula que hubo un presunto perjuicio económico al Estado estimado en USD 100 millones.

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