El ministro del Interior, John Reimberg, informó este viernes que Julio Eduardo Montesdeoca Escobar, uno de los procesados en el denominado caso Apagón y sobre quien pesaba una orden de captura vigente, fue entregado por las autoridades colombianas a la Policía Nacional del Ecuador.
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La entrega se realizó en el puente internacional de Rumichaca, principal paso fronterizo entre Ecuador y Colombia.
A través de un mensaje difundido en la red social X, Reimberg confirmó que Montesdeoca, quien formó parte de una comisión técnica que recomendó la adjudicación de contratos con la empresa estadounidense en El Salitral (Guayas) y Quevedo (Los Ríos), será puesto a disposición de autoridades judiciales para que siga el proceso en su contra.
El implicado figura entre las personas procesadas por la Fiscalía General del Estado dentro del denominado Caso Apagón, que investiga un presunto acto de peculado relacionado con contratos de generación eléctrica suscritos durante la emergencia energética que enfrentó el país en 2024.
Investigación en torno a generadores para El Salitral y Quevedo
El pasado 22 de mayo, la Fiscalía formuló cargos contra 21 personas por su presunta participación en irregularidades detectadas en la contratación de generación eléctrica para las centrales de Salitral y Quevedo.
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Entre los procesados figuran el exministro de Energía Antonio Goncalves, el exgerente de Celec Fabián Calero y Julio Montesdeoca, entre otros funcionarios y particulares vinculados al proceso.
Tras analizar más de 150 elementos de convicción presentados por el fiscal general encargado, Leonardo Alarcón, el juez de la causa dispuso prisión preventiva para varios de los investigados, además de la retención de cuentas bancarias y la prohibición de enajenar bienes.
Según la tesis fiscal, los procesados habrían favorecido a la empresa estadounidense Progen Industries LLC mediante la adjudicación de contratos para la instalación de generación térmica, pese a que la compañía no habría cumplido con todos los requisitos técnicos, económicos y jurídicos establecidos en los procesos de contratación.
Las investigaciones se centran en contratos por aproximadamente USD 149 millones, correspondientes a la adquisición de generadores para las centrales eléctricas en las localidades referidas.
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La Fiscalía sostiene que, pese a las observaciones realizadas durante la evaluación de las ofertas, los contratos fueron adjudicados y posteriormente se autorizó el desembolso del 70% del valor total como anticipo, equivalente a alrededor de USD 104,3 millones, monto que es considerado como el presunto perjuicio ocasionado al Estado.
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