Técnico de Celec entregó audio que compromete a ‘altos cargos’ en caso Progen, pero reclama que esos funcionarios no están vinculados
Un técnico de la Corporación Eléctrica del Ecuador habría entregado un informe a funcionarios de alto rango advirtiendo sobre irregularidades e inconsistencias sobre los generadores que el Estado ecuatoriano adquirió de Progen. Así lo denuncia su abogado, Edwin Romero.
Este jueves 14 de mayo, la Fiscalía formuló cargos contra 21 personas en la trama de Progen, entre ellas, Fabián Calero, exgerente subrogante de Celec, y el exministro de Energía, Antonio Goncalves. Pero nuevos elementos siguen sumándose a la investigación sobre la fallida contratación de generadores eléctricos y el presunto peculado cometido en el proceso conocido como caso Apagón.
En declaraciones dadas hoy a la prensa, Edwin Romero, abogado de del técnicos de Celec, sostuvo que su cliente entregó a la Fiscalía un audio para demostrar el interés de altos funcionarios del Estado en la adquisición y pago de dichos generadores.
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En su audio, el técnico de la empresa eléctrica pública, que participa del Programa de Protección de Víctimas y Testigos, habría revelado que la contratación de la maquinaria defectuosa se realizó pese a que un informe borrador suyo llamaba la atención sobre varias irregularidades e inconsistencias.
“El ingeniero fue parte de la Comisión Técnica y Verificadora de los generadores en los Estados Unidos”, y dicho informe borrador "fue de conocimiento de los altos mandos”, sostuvo el jurista.
Críticas por no vincular a funcionarios de alto rango
El abogado del técnico de Celec criticó a la Fiscalía por no incluir, dentro del grupo investigado a funcionarios de alto rango, que también serían presuntos responsables del perjuicio por USD 110 millones para el Estado.
El fraude se deriva de la adjudicación que, en plena crisis energética durante el 2024, realizó Celec para la adquisición de generadores termoeléctricos a favor de la estadounidense Progen Industries LLC.
Aunque el Gobierno realizó anticipos de dineros públicos superiores al 70% del costo total del equipo, y sin garantías, la infraestructura nunca operó por problemas y daños técnicos.
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