Juan Carlos Orellana recibió una sentencia de tres años de prisión tras comprobarse que utilizó un título y certificados académicos falsificados atribuidos a una universidad colombiana.
Durante su primera jornada al frente del organismo, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió la destitución de un fiscal y la sanción contra un juez.
El conflicto legal gira en torno a la propiedad de El Cartel Records y Los Cangris, Inc., con González reclamando el 50% de las acciones mientras la defensa del artista lo cuestiona.
