La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, anunció este jueves que la institución ejecutará una reestructuración interna que implicará la eliminación de 125 puestos de trabajo, atribuyendo el recorte a la aplicación de la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), impulsada por el Gobierno de Daniel Noboa.
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A través de un pronunciamiento difundido en redes sociales, Pabón señaló que la normativa obliga a los gobiernos autónomos descentralizados a revisar y reducir su estructura institucional.
La prefecta sostuvo que la reforma forma parte del proceso de reducción del Estado acordado por el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aseguró que "lesiona la autonomía de gobiernos locales y afecta los recursos para programas sociales".
La Ley Orgánica Reformatoria al COOTAD, aprobada por la Asamblea Nacional en febrero de 2026 como un proyecto económico urgente, introdujo nuevas reglas fiscales para los gobiernos autónomos descentralizados. Entre ellas figura la obligación de destinar el 70 % de sus recursos a inversión y limitar el gasto corriente al 30 %, una medida que el oficialismo ha defendido como un mecanismo para priorizar la obra pública y reducir el gasto administrativo.
Reestructuración y demanda ante la Corte Constitucional
Pabón recordó que la Prefectura presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la reforma al COOTAD para defender, según indicó, la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados.
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Aunque la Corte Constitucional admitió la demanda a trámite, explicó que no suspendió la aplicación de la ley ni el proceso de evaluación de la denominada regla de eficiencia, vigente desde el 1 de junio de 2026.
Según detalló, la reestructuración contempla la eliminación y fusión de direcciones y coordinaciones, así como la supresión de partidas.
La medida comprende 24 cargos de libre remoción entre directores y coordinadores, 87 funcionarios con contrato y nombramiento —de los cuales 25 solicitaron voluntariamente su salida de la institución— y 14 obreros.
"Sé que detrás de cada cifra existen personas, familias y diferentes realidades", expresó la prefecta, quien agregó que la institución destinará cerca de USD 4 millones para cumplir de forma inmediata con las indemnizaciones y demás obligaciones laborales correspondientes.
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Pabón insistió en que la decisión "no es una decisión que tomamos por voluntad propia, sino una consecuencia directa de una reforma inconstitucional y antiética planteada por Daniel Noboa".