El Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió suspender a los jueces Silvia Velasco, Byron Uzcátegui y Wiler Chóez, quienes revocaron la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y de sus hermanos dentro del caso Goleada, a inicios de abril de este año.
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La medida en contra de los magistrados de la Corte Provincial de Pichincha, dictada este lunes 27 de julio, se extenderá por noventa días en los que no recibirán remuneración.
Según la resolución del organismo, los jueces habrían incurrido en un presunto error inexcusable, al pronunciarse sobre aspectos de fondo de la causa penal durante una audiencia en la que, de acuerdo con el Consejo, debían limitarse a verificar si se cumplían los requisitos legales para mantener o revocar la medida de prisión preventiva.
¿Qué se investiga en el Caso Goleada?
La sesión fue presidida por la titular del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, con la participación de los vocales Alfredo Cuadros Añazco, Magaly Ruiz Cajas, Fabián Fabara Gallardo y Damián Larco Guamán.
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Tras la resolución, Caicedo precisó que la suspensión tiene carácter preventivo y permanecerá vigente mientras se desarrolla el sumario disciplinario correspondiente.
El caso Goleada investiga el presunto delito de lavado de activos. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, la investigación apunta a un supuesto entramado empresarial diseñado para evadir los controles del Sistema Financiero Nacional.
La teoría del caso sostiene que Aquiles Alvarez, Antonio Alvarez y Xavier Alvarez, junto con otras personas investigadas, habrían utilizado empresas vinculadas a la comercialización de combustibles para adquirir grandes volúmenes de diésel subsidiado destinado, por ley, a embarcaciones de bandera nacional, con el propósito de desviar ese producto hacia embarcaciones internacionales.
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Según la Fiscalía, las ganancias obtenidas de esa operación habrían sido canalizadas mediante empresas constituidas en Panamá, a través de obligaciones simuladas, ingresos omitidos y gastos aparentes, con el fin de obtener beneficios económicos indebidos y ocultar el origen de los recursos. La institución sostiene que el perjuicio al Estado se habría producido por la reventa del diésel subsidiado a precios del mercado internacional.
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