Caso Ligados: así es como los procesados habrían planeado controlar instituciones y lograr impunidad
El Ministerio Público ha descrito que los procesados presuntamente querían inferir en el Consejo de la Judicatura (CJ), Superintendencia de Bancos y Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
La Fiscalía expuso el modus operandi de siete personas implicadas en el ‘Caso Ligados’, quienes se habrían confabulado para ejecutar “acciones encaminadas a controlar instituciones del Estado” y obtener impunidad.
El pasado miércoles, 18 de marzo, se instaló la audiencia preparatoria de juicio por el presunto delito de asociación ilícita contra Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, exmiembros del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).
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Entre los procesados también están: Andrés Arauz, excandidato presidencial de la Revolución Ciudadana (RC); Esther Cuesta, exasambleísta de la RC; Nicole Bonifaz, aún integrante del Cpccs; y Raúl González, quien fue electo superintendente de Bancos en 2022.
Ellos, por su parte, han rechazado la acusación y alegan que el caso es parte de una persecución política.
El fiscal general del Estado encargado, Leonardo Alarcón, arrancó con la fundamentación de su dictamen acusatorio y manifestó que, entre noviembre de 2024 y enero de 2025, los sospechosos “ejecutaron acciones encaminadas a controlar instituciones del Estado”.
Además, recalcó que, en esa época, el Cpccs “fue cooptado por personas afines a un partido político (...) convirtiendo a la participación ciudadana en un mero eslogan de una fachada”.
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MODUS OPERANDI DEL CASO LIGADOS
Según el Ministerio Público, las siete personas se habrían confabulado para acaparar poder “mediante la designación irregular de autoridades”.
Para ello, describió tres eventos clave: intervención en la selección de vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), la ratificación irregular del Superintendente de Bancos y la dilatación de procesos en la justicia electoral para conseguir impunidad.
Sobre el primer hecho, Alarcón indicó que Augusto Verduga mantuvo conversaciones con Andrés Arauz y Yadira Saltos para planificar el retraso del concurso para vocales del CJ.
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El objetivo era que el “gobierno de Luisa (González)”, en caso de que ganara las elecciones pasadas, envíe la terna. “Planteándose además la interposición de medidas cautelares constitucionales y la comisión de tráfico de influencias para cristalizar sus intenciones”, destacó el fiscal.
CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO
En cuanto al segundo evento, Alarcón narró que los procesados querían “controlar el sistema financiero nacional” mediante la designación de un Superintendente de Bancos afín a sus intereses.
Esta idea se iba a realizar mediante el incumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional (CC), interpretada de acuerdo a los propósitos de los procesados. Es así como lograron postergar la posesión de Roberto Romero, quien fue designado en el concurso del 2024, y pidieron a la Asamblea que oficialice a Raúl González.
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Ahí entra Esther Cuesta, entonces presidencia del Legislativo, quien elevó una consulta al Cpccs para saber quién debería asumir la titularidad de la Superintendencia de Bancos.
Por su parte, Raúl González habría llegado a prometer cargos de alto nivel en la Superintendencia de Bancos por pedido de Andrés Arauz.
BÚSQUEDA DE IMPUNIDAD
Finalmente, el tercer evento presentado por el Ministerio Público habla de la dilatación de procesos en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que en esa época tramitaba una infracción electoral de la denominada ‘Liga Azul’, para conseguir impunidad y mantenerse en sus cargos.
Aparentemente, Andrés Arauz emitía directrices para la presentación de recusaciones contra jueces e incluso acciones constitucionales.
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Todas estas acusaciones se basan en documentos, versiones y pericias hechas a los equipos de los celulares incautados en la causa. En el dispositivo de Augusto Verduga, por ejemplo, se habían hallado conversaciones con apodos.
Verduga era Mónica Ertl, Yadira Saltos utilizaba el pseudónimo de Minerva y Andrés Arauz era llamaban AN.
En los próximos días, el fiscal Alarcón continuará presentando su acusación con el detalle de cada uno de los tres eventos.